elviciosoerrante

La Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, que hoy aprobará el Congreso de los Diputados, contiene una reforma global del sistema que persigue mejorar el nivel de protección y asegurar su viabilidad, según afirma el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que analiza los principios básicos de la nueva norma

No es exagerado afirmar que una de las conquistas sociales más importantes del siglo XX es la creación y consolidación de sistemas públicos de Seguridad Social. Ya entrado el siglo XXI, la sociedad española es consciente de la necesidad de preservar este patrimonio como mejor garantía del progreso y la cohesión social. Tal es precisamente el motivo de la aprobación de la Ley de Medidas de Seguridad Social.

Esta ley contiene una reforma global del sistema de Seguridad Social que persigue mejorar el nivel de protección y asegurar su viabilidad, incrementando la capacidad de encarar el futuro con tranquilidad. La reforma se asienta en tres principios fundamentales: consenso, responsabilidad y solidaridad.

l Al igual que el resto de medidas de política social adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de la legislatura, ésta es una reforma fruto del consenso. Los objetivos perseguidos por la ley son compartidos por agentes sociales y partidos políticos. De un lado, el germen de la nueva norma es un acuerdo suscrito por el Gobierno con sindicatos y patronal en julio de 2006, como resultado del proceso de diálogo social. Y, de otro, la reforma ha recibido un fuerte respaldo en su tramitación parlamentaria, algo que no debe extrañar al tratarse de medidas que siguen las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Que la reforma haya sido consensuada supone algo tan importante como que todos (partidos políticos y agentes sociales, y por extensión los ciudadanos) podamos sentirnos partícipes de ella; éste es el modelo de Seguridad Social que quiere la sociedad española.

El segundo principio que inspira la reforma es el de responsabilidad. Todas las medidas son fieles a un objetivo: garantizar la sostenibilidad futura de la Seguridad Social. En verdad, la salud financiera del sistema es hoy excelente, como acreditan el superávit de los últimos años y los 52.000 millones de euros que en 2008 alcanzará el Fondo de Reserva. Pero todos debemos ser conscientes de que estos datos no nos hacen inmunes a los desafíos futuros, algunos tan previsibles como el envejecimiento de la población.

Por ello, una parte de las medidas pretende corregir las disfunciones que actualmente afectan al sistema, así como adaptar la protección a la nueva realidad social. Así sucede con la modificación del régimen de la jubilación parcial, con la mejora de la coordinación entre entidades gestoras y los servicios de salud en la gestión de la incapacidad temporal, con la nueva fórmula de cálculo del complemento de gran invalidez o con la redistribución de la pensión de viudedad en el supuesto de concurrencia de beneficiarios.

Lo importante es que estos ajustes, marcados por un sentido de responsabilidad, permiten reforzar la buena salud de la Seguridad Social, algo que repercute positivamente en la capacidad de anticipación para evitar dificultades futuras.

l Por último, la reforma está presidida, sobre todo, por el principio de solidaridad. Siempre de forma responsable y equilibrada, la nueva ley mejora los derechos de protección social de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos. Así, entre las medidas más destacadas, el aumento de los incentivos para trabajar más allá de los 65 años, como la subida de la pensión en un 15% por la jubilación a los 70 años; un incremento de hasta 63 euros de la pensión de quienes se jubilaron anticipadamente antes de 2002; la extensión de la pensión de viudedad a las parejas de hecho y la creación de una prestación temporal sustitutiva para supuestos hasta ahora no protegidos; una subida de la base de cotización de los parados mayores de 52 años; la posibilidad de disfrute íntegro de la prestación por desempleo tras la incapacidad temporal, o la reducción del periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de incapacidad permanente en el caso de los menores de 31 años.

Un Gobierno responsable trata de estimular el compromiso, el orgullo y la identificación de los ciudadanos con sus instituciones; de este modo se fortalece la democracia. La defensa del sistema público de Seguridad Social como pilar esencial de nuestro Estado social avanza en esa dirección y nos convierte en una sociedad más cohesionada y justa, de ahí la importancia de la nueva ley.

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

La Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, que hoy aprobará el Congreso de los Diputados, contiene una reforma global del sistema que persigue mejorar el nivel de protección y asegurar su viabilidad, según afirma el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que analiza los principios básicos de la nueva norma

No es exagerado afirmar que una de las conquistas sociales más importantes del siglo XX es la creación y consolidación de sistemas públicos de Seguridad Social. Ya entrado el siglo XXI, la sociedad española es consciente de la necesidad de preservar este patrimonio como mejor garantía del progreso y la cohesión social. Tal es precisamente el motivo de la aprobación de la Ley de Medidas de Seguridad Social.

Esta ley contiene una reforma global del sistema de Seguridad Social que persigue mejorar el nivel de protección y asegurar su viabilidad, incrementando la capacidad de encarar el futuro con tranquilidad. La reforma se asienta en tres principios fundamentales: consenso, responsabilidad y solidaridad.

l Al igual que el resto de medidas de política social adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de la legislatura, ésta es una reforma fruto del consenso. Los objetivos perseguidos por la ley son compartidos por agentes sociales y partidos políticos. De un lado, el germen de la nueva norma es un acuerdo suscrito por el Gobierno con sindicatos y patronal en julio de 2006, como resultado del proceso de diálogo social. Y, de otro, la reforma ha recibido un fuerte respaldo en su tramitación parlamentaria, algo que no debe extrañar al tratarse de medidas que siguen las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Que la reforma haya sido consensuada supone algo tan importante como que todos (partidos políticos y agentes sociales, y por extensión los ciudadanos) podamos sentirnos partícipes de ella; éste es el modelo de Seguridad Social que quiere la sociedad española.

El segundo principio que inspira la reforma es el de responsabilidad. Todas las medidas son fieles a un objetivo: garantizar la sostenibilidad futura de la Seguridad Social. En verdad, la salud financiera del sistema es hoy excelente, como acreditan el superávit de los últimos años y los 52.000 millones de euros que en 2008 alcanzará el Fondo de Reserva. Pero todos debemos ser conscientes de que estos datos no nos hacen inmunes a los desafíos futuros, algunos tan previsibles como el envejecimiento de la población.

Por ello, una parte de las medidas pretende corregir las disfunciones que actualmente afectan al sistema, así como adaptar la protección a la nueva realidad social. Así sucede con la modificación del régimen de la jubilación parcial, con la mejora de la coordinación entre entidades gestoras y los servicios de salud en la gestión de la incapacidad temporal, con la nueva fórmula de cálculo del complemento de gran invalidez o con la redistribución de la pensión de viudedad en el supuesto de concurrencia de beneficiarios.

Lo importante es que estos ajustes, marcados por un sentido de responsabilidad, permiten reforzar la buena salud de la Seguridad Social, algo que repercute positivamente en la capacidad de anticipación para evitar dificultades futuras.

l Por último, la reforma está presidida, sobre todo, por el principio de solidaridad. Siempre de forma responsable y equilibrada, la nueva ley mejora los derechos de protección social de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos. Así, entre las medidas más destacadas, el aumento de los incentivos para trabajar más allá de los 65 años, como la subida de la pensión en un 15% por la jubilación a los 70 años; un incremento de hasta 63 euros de la pensión de quienes se jubilaron anticipadamente antes de 2002; la extensión de la pensión de viudedad a las parejas de hecho y la creación de una prestación temporal sustitutiva para supuestos hasta ahora no protegidos; una subida de la base de cotización de los parados mayores de 52 años; la posibilidad de disfrute íntegro de la prestación por desempleo tras la incapacidad temporal, o la reducción del periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de incapacidad permanente en el caso de los menores de 31 años.

Un Gobierno responsable trata de estimular el compromiso, el orgullo y la identificación de los ciudadanos con sus instituciones; de este modo se fortalece la democracia. La defensa del sistema público de Seguridad Social como pilar esencial de nuestro Estado social avanza en esa dirección y nos convierte en una sociedad más cohesionada y justa, de ahí la importancia de la nueva ley.

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

La Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, que hoy aprobará el Congreso de los Diputados, contiene una reforma global del sistema que persigue mejorar el nivel de protección y asegurar su viabilidad, según afirma el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que analiza los principios básicos de la nueva norma

No es exagerado afirmar que una de las conquistas sociales más importantes del siglo XX es la creación y consolidación de sistemas públicos de Seguridad Social. Ya entrado el siglo XXI, la sociedad española es consciente de la necesidad de preservar este patrimonio como mejor garantía del progreso y la cohesión social. Tal es precisamente el motivo de la aprobación de la Ley de Medidas de Seguridad Social.

Esta ley contiene una reforma global del sistema de Seguridad Social que persigue mejorar el nivel de protección y asegurar su viabilidad, incrementando la capacidad de encarar el futuro con tranquilidad. La reforma se asienta en tres principios fundamentales: consenso, responsabilidad y solidaridad.

l Al igual que el resto de medidas de política social adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de la legislatura, ésta es una reforma fruto del consenso. Los objetivos perseguidos por la ley son compartidos por agentes sociales y partidos políticos. De un lado, el germen de la nueva norma es un acuerdo suscrito por el Gobierno con sindicatos y patronal en julio de 2006, como resultado del proceso de diálogo social. Y, de otro, la reforma ha recibido un fuerte respaldo en su tramitación parlamentaria, algo que no debe extrañar al tratarse de medidas que siguen las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Que la reforma haya sido consensuada supone algo tan importante como que todos (partidos políticos y agentes sociales, y por extensión los ciudadanos) podamos sentirnos partícipes de ella; éste es el modelo de Seguridad Social que quiere la sociedad española.

El segundo principio que inspira la reforma es el de responsabilidad. Todas las medidas son fieles a un objetivo: garantizar la sostenibilidad futura de la Seguridad Social. En verdad, la salud financiera del sistema es hoy excelente, como acreditan el superávit de los últimos años y los 52.000 millones de euros que en 2008 alcanzará el Fondo de Reserva. Pero todos debemos ser conscientes de que estos datos no nos hacen inmunes a los desafíos futuros, algunos tan previsibles como el envejecimiento de la población.

Por ello, una parte de las medidas pretende corregir las disfunciones que actualmente afectan al sistema, así como adaptar la protección a la nueva realidad social. Así sucede con la modificación del régimen de la jubilación parcial, con la mejora de la coordinación entre entidades gestoras y los servicios de salud en la gestión de la incapacidad temporal, con la nueva fórmula de cálculo del complemento de gran invalidez o con la redistribución de la pensión de viudedad en el supuesto de concurrencia de beneficiarios.

Lo importante es que estos ajustes, marcados por un sentido de responsabilidad, permiten reforzar la buena salud de la Seguridad Social, algo que repercute positivamente en la capacidad de anticipación para evitar dificultades futuras.

l Por último, la reforma está presidida, sobre todo, por el principio de solidaridad. Siempre de forma responsable y equilibrada, la nueva ley mejora los derechos de protección social de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos. Así, entre las medidas más destacadas, el aumento de los incentivos para trabajar más allá de los 65 años, como la subida de la pensión en un 15% por la jubilación a los 70 años; un incremento de hasta 63 euros de la pensión de quienes se jubilaron anticipadamente antes de 2002; la extensión de la pensión de viudedad a las parejas de hecho y la creación de una prestación temporal sustitutiva para supuestos hasta ahora no protegidos; una subida de la base de cotización de los parados mayores de 52 años; la posibilidad de disfrute íntegro de la prestación por desempleo tras la incapacidad temporal, o la reducción del periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de incapacidad permanente en el caso de los menores de 31 años.

Un Gobierno responsable trata de estimular el compromiso, el orgullo y la identificación de los ciudadanos con sus instituciones; de este modo se fortalece la democracia. La defensa del sistema público de Seguridad Social como pilar esencial de nuestro Estado social avanza en esa dirección y nos convierte en una sociedad más cohesionada y justa, de ahí la importancia de la nueva ley.

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

El libro se abre ante nosotros como se abre de piernas la amante entregada y posesiva. Como abren los brazos para acogernos el amigo y el familiar.En mi prehistoria se abrieron para mí los brazos diminutos, débiles y sucios de los primeros cuentos de calleja. Ya entre ellos se observaban diferencias sociales. Los más baratos cabían en la palma de la mano, su letra era casi ilegible y tenían las mejillas manchadas de tiznones como de carbón o de tinta de escribir palotes, curvas y garrotes. No parecían pensados para que los leyeran los niños, sino las abuelitas, desojándose, al borde de la cuna. En cambio, los más caros, en octavo, se leían con facilidad y tenían letras de oro en la portada.

Vinieron después los libros de aventuras. Cuando aún no se ha llegado a la adolescencia, cuando aún no nos han amaestrado y no nos han inyectado en el cerebro la suficiente cantidad de resignación, nos asombra dolorosamente la monotonía de la existencia. ¿Cómo es posible -se pregunta el niño-, haber pasado ocho años padeciendo esta sórdida repitición cotidiana?. Los libros de aventuras, con su mentira piadosa, le abren las puertas de la esperanza.

Los libros escondidos. Los libros secretos. Hay que tenerlos debajo de los libros de texto. Leerlos cuando no nos ven nuestros mayores o los profesores, en el colegio. Son libros de aventuras, novelas folletinescas, policiacas. Y muy pocos anos después -no años, meses-, novelas pornográficas. Qué inefable placer me proporcionan esas lecturas. Aldous Huxley dijo: "una orgía real nunca excita tanto como un libro pornográfico". Y con esto no intento sugerir a nadie que abandone las orgías.

Pero también el libro tiene enemigos entre los de su propia especie. En mi caso personal, fueron los libros de texto del bachillerato. Qué repulsión, qué aversión me inspiraron. Odio al libro, odio a la lectura, odio al conocimiento. Por fortuna, había en Madrid muchísimos puestecillos callejeros en los que vendían a mitad de precio noveluchas de segunda mano, o de tercera o cuarta, sobadas y requetesobadas, noveluchas de aventuras, policiacas y también verdes. Aquellos puestecillos hicieron que se conservara vivo mi amor al libro, que los catedráticos escritores habrían conseguido asesinar. En la guerra de libros -como no puede ocurrir en las guerras de verdad-, ganaron los pobres.

Aparecieron después los que algunos consideran enemigos del libro: el cine, la radio, la televisión... son, es cierto, otros medios de difusión de la poesía, y también de la música y de las artes plásticas. Pero, aunque enemigos en cierto aspecto, es dificil que derroten al libro, ni creo que pongan en ello interés, El libro les lleva la ventaja de la corporeidad, de la cercanía. El libro lo tengo, lo poseo, puedo incluso darle achares, no mirarlo, no leerlo y, sin embargo, conservarlo. No es efímero. Puedo también tenerlo en las manos, acariciarle el lomo como a un perro amigo, hojearlo, sobarlo, puedo besar algunos de sus renglones si me han conmovido. Tanto si es un libro lujoso, encuadernado en suave piel, como si es un libro popular, de los que se doblan y se pliegan sumisos para ser leidos en la cama, con los que uno puede acostarse sin muchas dificultades ( ... )

Echo una mirada a la biblioteca. Cuántos libros en ella que ha devorado el olvido. Y cuántos que ya no podré leer. Quiero decirles a esos libros que no leeré nunca, que no se sientan despreciados. Sí sé que no los leeré es porque estoy en esa edad en la que al tiempo se le ve volar como a un gorrión asustado, en la que se nos escapa como agua en un cesto, en la que huye como algunos queridos recuerdos. Pero al decir adiós, que un libro me abra sus brazos y repose sobre mi pecho.

Trabajar como sindicalista y amasar un importante patrimonio inmobiliario no son circunstancias incompatibles. Así lo demuestra al menos la trayectoria de María Jesús Paredes, máxima responsable de Banca de Comisiones Obreras y una de las personas de absoluta confianza del líder del sindicato, José María Fidalgo.

De acuerdo con los datos de diversos registros de la propiedad, a los que ha tenido acceso Público, Paredes y su pareja son dueños de un chalé en una urbanización de lujo de Madrid, una vivienda en uno de los barrios más caros de la capital, un piso en la sierra madrileña, una vivienda unifamiliar adosada en Manilva (Málaga) y dos apartamentos en Denia (Alicante). El valor de mercado de estos bienes supera actualmente los dos millones de euros.

Liberados sindicales

María Jesús Paredes es secretaria general de Comfia, la federación de servicios financieros y administrativos de CCOO. Ocupa este cargo desde el año 1987. Su pareja, Francisco Baquero, también es miembro de la Ejecutiva de Comfia. Ambos son empleados del BSCH, aunque llevan décadas trabajando como liberados sindicales. Es decir, su sueldo lo paga el banco y ellos trabajan en Comisiones.

De acuerdo con información interna del BSCH, Paredes y Baquero tienen categoría de administrativos de nivel 8 y una antigüedad superior a los 30 años. Según el convenio colectivo del banco, un empleado en dicha situación debería cobrar de sueldo alrededor de 35.000 euros brutos al año.

Fuentes de Comisiones Obreras explicaron a este diario que el sindicato también paga una dieta mensual a algunos de sus cargos ejecutivos, que como media se sitúa en los 600 euros. Como secretaria general de Comfia, Paredes debería cobrar dicha cantidad.

Inversores inmobiliarios

La mayor parte de las compras de la pareja se produjeron en un periodo reducido de tiempo: entre el 16 de diciembre de 1999 y el 28 de julio de 2005. En esos cinco años y medio, Baquero y Noriega adquirieron la vivienda de Manilva, un piso en el centro de Madrid, otro en la sierra madrileña y los dos apartamentos en Denia. Además, en diciembre de 2004, suscribieron una hipoteca garantizada con el chalé  que tienen en una lujosa urbanización de Pozuelo de alarcón (Madrid).

Como resultado de todas estas operaciones, en el verano de 2005, Paredes y Baquero tenían vivos tres préstamos hipotecarios por un importe que superaba los 600.000 euros. Según los datos de los registros de propiedad, las tres hipotecas siguen vigentes en la actualidad.
Este diario intentó, sin éxito, conocer la versión de la pareja sobre el origen de su Patrimonio. 

María Jesús Paredes anunció el pasado lunes su intención de dimitir como secretaria general de Comfia a finales del próximo mes de diciembre, un año antes de que finalice su mandato.

Los votantes centristas no son los fundamentales para lograr el triunfo electoral en España, sino aquellos que oscilan entre el PSOE, IU o la abstención. El PP puede ganar, pero lo tiene 'a priori' cuesta arriba.

La creencia de que las elecciones generales en España son decididas por los votantes centristas es incorrecta. La evidencia empírica muestra que estos votantes, definidos como aquéllos cuyo voto oscila entre el PSOE y el PP, tienen escasa relevancia. Los votos decisivos son los de la izquierda volátil, aquellos que oscilan entre el PSOE, IU y la abstención. Esto equivale a decir -y sé que la equivalencia no es obvia- que en las elecciones generales el PP siempre juega en campo contrario: las puede ganar, pero lo tiene a priori cuesta arriba. En este artículo me propongo mostrar que estas afirmaciones y equivalencias están respaldadas por los datos electorales y, también, extraer algunas consecuencias que me parecen interesantes.

Con una única excepción: en el último cuarto de siglo, España ha votado mayoritariamente izquierda. Desde 1982 ha habido siete elecciones generales. En seis de ellas la izquierda (PSOE, IU y sus antecesores) obtuvo entre un mínimo de 2,3 y un máximo de 3,5 millones de votos más que la derecha (PP, aliados regionales y sus antecesores). Sólo en las elecciones de 2000, que tuvieron la tasa de participación más baja de la actual etapa democrática (69%), la derecha superó en votos a la izquierda: la diferencia fue de 1 millón de votos. En 2000 la izquierda perdió 2,7 millones de votos respecto a 1996, de los cuales 2 millones fueron a incrementar la abstención. Esos 2,7 millones de votos los volvió a ganar en 2004. La derecha ganó 0,6 millones de votos, alcanzando su máximo histórico de 10,3 millones, pero los volvió a perder en 2004. Me parece razonable utilizar estas cifras para cuantificar los colectivos que antes he denominado votantes centristas e izquierda volátil. Los primeros pueden estimarse en 0,6 millones, que son los votos que ganó la derecha en 2000 tras una etapa de gobierno en minoría del PP en la que hizo gala de moderación y de buena administración. Esta cifra coincide con los votos perdidos en 2004 tras una etapa de mayoría absoluta en la que la arrogancia sustituyó a la moderación y en la que se tomaron decisiones, como la guerra de Irak, alejadas del sentir de muchos ciudadanos. Cabe señalar que esos 0,6 millones de votos no decidieron las elecciones de 2000: el PP hubiese seguido gobernando aunque no los hubiese obtenido. Lo decisivo fue el desplome de la izquierda por la huida del voto volátil. Esta izquierda volátil puede estimarse en unos 2 millones de electores: los que votaron a la izquierda en 1996, se abstuvieron en 2000 y volvieron a votarla en 2004.

Las elecciones locales de mayo de 2007 ilustran bien que el voto de la izquierda volátil es decisivo en España no sólo en las elecciones generales, sino también en elecciones de otro tipo. En el conjunto de España, y relativo a las elecciones locales de 2003, el PSOE perdió 240.000 votos, pero el PP sólo ganó 38.000. La aplastante victoria del PP en el municipio de Madrid resultó de una pérdida de 139.000 votos para el PSOE y de una ganancia de tan sólo 709 (sí, setecientos nueve) para el PP. La izquierda volátil volvió a decidir, esta vez a nivel local. No hay trazos de un trasvase significativo de votos del PSOE al PP. Además, el carácter decisorio del voto de la izquierda volátil no es un rasgo exclusivo de la actual etapa democrática. En las elecciones de 1933, la izquierda volátil -entonces el anarquismo- se abstuvo. Y ganó la derecha. En 1936, los anarquistas fueron a las urnas y los votos se incrementaron en más de 1 millón. Ganó la izquierda. No tengo ni conozco ninguna explicación convincente de por qué en España la izquierda volátil tiene este carácter decisorio, que no ha menguado ni tan siquiera con la aparición de una numerosa clase media en la segunda mitad del siglo XX. Sea cual sea la explicación, en esto los españoles somos atípicos. En la mayoría de los países de nuestro entorno la alternancia en el poder la deciden los votantes de centro, que votan ora a la izquierda ora a la derecha. Aquí, por algún motivo, somos diferentes.

Paso ahora a desarrollar el tercer punto de mi argumentación. Si bien, según mis definiciones, derecha y PP son casi sinónimos, izquierda y PSOE no lo son. En 1996 la izquierda obtuvo 12,06 millones de votos y la derecha 9,76 millones. En 2004 se repitieron las cifras: la izquierda obtuvo 12,06 millones de votos y la derecha 9,72 millones. En el primer caso ganó las elecciones el PP y en el segundo el PSOE. La diferencia la marcó el resultado de IU, que obtuvo un 11% de los votos totales en 1996, su máximo histórico, tras la memorable pinza Aznar-Anguita, y solamente un 4% del total en 2004. Un análisis estadístico de los datos electorales utilizando modelos sencillos de regresión, que cualquiera puede replicar descargando los datos del Ministerio del Interior en una hoja de cálculo, ofrece los siguientes resultados:

1. Existe una relación estadística muy significativa entre el porcentaje de votos totales válidos que obtiene el PSOE, por una parte, y el porcentaje de participación en las elecciones y el porcentaje de voto a IU, por la otra parte; un aumento de la participación electoral de un 1% causa un aumento del porcentaje de voto al PSOE del 0,6%, mientras que un aumento del porcentaje de voto a IU del 1% causa una disminución del porcentaje del voto al PSOE del 1%.

2. No existe ninguna relación estadística significativa entre el porcentaje de votos totales válidos que obtiene el PP y el porcentaje de participación en las elecciones. En román paladino, estos resultados quieren decir lo siguiente: con una participación lo suficientemente alta y con un voto a IU lo suficientemente bajo, el PSOE siempre ganará unas elecciones generales, haga lo que haga el PP. Esta "ley de hierro" fundamenta las afirmaciones y la equivalencia enunciadas en el primer párrafo de este artículo.

Con los parámetros mencionados en el párrafo anterior se puede construir una tabla de doble entrada para estimar el porcentaje del voto total al PSOE en función de la participación electoral y del porcentaje de voto a IU. Esta tabla, que, insisto, todo el mundo puede construirse, muestra que es improbable que el PSOE gane las elecciones de 2008 si el voto a IU se mantiene en el 4% y la participación cae por debajo del 71% (en 2004 fue el 76%). Si el voto a IU subiese al 6%, el PSOE necesitaría una participación del 74% o superior para ganar. Si bien una participación superior al 71% parece probable, una participación del 74% (coincidente con la media histórica) parece más difícil de conseguir. Este mismo tipo de tabla puede utilizarse para evaluar los efectos que tendría un gran aumento de la abstención en Cataluña, como resultado de la sensación de desgobierno que podrían tener los votantes de esa comunidad. Si la participación catalana cayese hasta el 64%, el mínimo histórico alcanzado en 2000, el PSC podría perder 3 o 4 escaños y entonces el PSOE necesitaría una participación mínima del 73% en el resto de España para seguir gobernando, algo que me parece complicado pero no imposible. No pueden descartarse participaciones inferiores al 64% en Cataluña. En este caso, el PSOE lo tendría muy difícil para ganar en 2008.

Para concluir, quiero recalcar que la metodología agregada y "de arriba abajo" usada en este artículo ignora aspectos tan importantes del proceso electoral como la Ley d'Hondt o la incorporación al censo de nuevas cohortes. Sin embargo, considero que es la mejor para obtener una visión de conjunto de la problemática electoral, que muchas veces se pierde en el análisis desagregado por circunscripciones. La izquierda volátil es un conjunto heterogéneo con pocos denominadores comunes, todos ellos negativos. Es común su rechazo frontal al PP y a todo lo que representa la derecha. Es común también su desdén hacia el PSOE, al que votan tapándose la nariz cuando le votan. Por lo razonado hasta aquí, el objetivo principal de una campaña electoral, de cualquier campaña electoral, en España debe ser para el PP que no vayan a votar los que le detestan y para el PSOE que acudan a las urnas los que le desprecian. ¿Son consistentes sus estrategias electorales con estos principios?

Veterana política socialista, ex ministra y diputada nacional a lo largo de varias legislaturas, tras la crisis del Partido Socialista de Madrid ha sido designada portavoz de su grupo en la Asamblea de la Comunidad madrileña por parte de la gestora que provisionalmente dirige esta federación (hasta el congreso extraordinario de finales del próximo mes de julio). Matilde Fernández analiza la situación interna del PSM y las posibles causas del triunfo de la derecha, al tiempo que se muestra crítica con la actitud del presidente del Gobierno por su participación directa en la designación de los candidatos socialistas en Madrid.

Qué está pasando en la federación madrileña del PSOE?
—El hecho es que los socialistas hemos perdido mucho espacio de responsabilidad en los municipios, y no
hemos cubierto la expectativa electoral que teníamos en la Asamblea. ¿Por qué? Hemos de ser rigurosos para analizar las responsabilidades internas del PSM, y los condicionantes externos, sin buscar culpables. Creo que habría que sentarse con sociólogos, con politólogos, con responsables de centros de investigación sociológica para recibir de ellos unas informaciones útiles para hacer ese análisis. Mi opinión individual –que estoy dispuesta a someter a toda crítica- es que creo que hay factores externos, de ámbito internacional: el socialismo democrático ha perdido cohesión en discurso, en este mundo globalizado; ha perdido cohesión en sus líderes, Blair no dice lo mismo que los escandinavos, la Internacional Socialista, el Partido Socialista Europeo hemos dejado de tener líderes internacionales para tener líderes muy nacionales, muy adaptados, con un componente pragmático, a su realidad.
Esto ha desorientado a hombres y mujeres de izquierdas. Segundo, ha habido temas de la agenda nacional que ha sabido utilizar en Madrid, de forma especial, la derecha, aunque no han podido usarlo igual en otras regiones –probablemente por no ser tan centro geográfico, mediático y político-; Madrid, a veces, desaparece para ser España. En Madrid la política nacional afecta mucho más intensamente que en otros lugares. La agenda de mi Gobierno socialista ha sido una agenda de seguir descentralizando, con los estatutos de autonomía, llevando el poder a las administraciones autonómicas –y, ojalá pronto a las locales- para acercar a los ciudadanos la gestión de lo que les afecta. La derecha ha querido usar estos estatutos para asustar con que se rompe España. Ese discurso ha calado más que el de que se descentraliza España, como toda Europa, para acercar a los ciudadanos la gestión de sus vidas cotidianas. También el intento de acabar con ETA y firmar la paz y la convivencia, tan importante, la derecha lo ha puesto en negativo y lo ha rentabilizado.

—Las encuestas establecen que son mayoría los madrileños que se definen políticamente de centro-izquierda, ¿Cómo puedellevar tanto gobernando la derecha y aumentando sus resultados?
—En nuestra región hemos tenido que cometer errores. Errores en cómo nos hemos organizado. Cuando la Ejecutiva me enviaba por la región, he visto a gente que estaba bastante sola, que los dirigentes de la vieja Ejecutiva no se movían lo que se tenían que mover para estar con la gente: Ha habido esa deficiencia organizativa. Creo que el discurso no hemos sabido comunicarlo bien. Una ciudadana me paró en el hospital de mi área y me dice, "Matilde, ¿por qué estáis en contra de los hospitales?". Yo le dije que no estamos en contra, sino que aún pedimos más. De lo que estamos en contra es de que se gestionen de forma privada. La derecha ha sabido llegar con un discurso simple. El nuestro en defensa del sector público no se lo hemos sabido hacer llegar a la ciudadanía o nos hemos preadelantado. La derecha ha convencido a la gente con el cortísimo plazo. Luego, tal vez, defendiendo lo público, nosotros abrimos un abanico de economía mixta, pero mayoría pública; empezamos a hablar de matices, de más inspectores para controlar al sector privado. Eso es muy largo, y la derecha dice: "Yo, quien me lo gestione más barato". Ese simplismo llega a una parte de los votantes mucho más fácilmente que lo nuestro, que tiene mucho más de pedagogía, de proyecto de sociedad, de unas políticas públicas que no sirvan sólo para quien tiene menos renta. El modelo socialdemócrata en Europa ha ido orientado a conseguir una sociedad más igualitaria y para universalizar políticas. También es posible que estuviéramos demasiado centrados en la rabia de haber ganado las autonómicas en 2003 y dos cabritos, si me permiten decirlo, se dejaron comprar por una UTE de intereses de la construcción (tremendo que los socialistas hayamos tenido gente como esa en nuestras listas).

—De todos modos, la FSM, ahora PSM, siempre ha sido un foco de conflictos internos.
—Madrid es un territorio complicado, que igual que a la hora de hablar de la información, casi todo se convierte en nacional, pues aquí existen unos líderes y unas voces nacionales que están en el mismo territorio, y casi haciendo el mismo trabajo que los dirigentes del PSM. Se solapan cosas, aquí militan altos cargos que provienen de otros lugares del país, hay muchas tensiones de las lógicas (o ilógicas) del poder. Lo que comparto es que si en Madrid se sigue funcionando un poco con las viejas reglas de grupos de familias, vamos mal. Y yo vengo del guerrismo, pero soy guerrista para hablar de ideas, no para decir "detrás de mí hay tantos y, por ello quiero tanta cuota de poder". Esas cosas hay que superarlas, pero no sólo en Madrid, también en Valencia, en Murcia y en muchos lugares.

—Pero, ¿cómo se sale de una situación en la que ha pesado tradicionalmente la presencia de tres familias (guerristas, renovadores e Izquierda Socialista) en la federación?
—Buscando un liderazgo que sea capaz -y eso lo hizo Rafael Simancas, que pacificó mucho el partido, sumó de todos- de unificar. Ahora necesitamos seguir con esa cultura, buscar unos líderes, un equipo que tenga el respeto de la organización (y no tanto el peso numérico) que llegue a superar esa realidad sumando lo mejor de todos.

—¿Es reconciliable lo que hay?
—Sí, sin lugar a dudas. De hecho, lo que hay que analizar son las cosas realizadas por este partido, y no sólo los últimos datos. En el fondo, esta dialéctica de las familias existe en todo el partido, en todas las regiones. En tal caso, esta es la parte negativa de aquello que apareció en un momento, el felipismo y el guerrismo, que tenía una base en el modelo de partido y las prioridades políticas, más socialdemócratas o más social-liberales, según cada opción. Pero dejó de ser eso para ser utilizado sólo en clave orgánica, en clave de poder. Que aparezcan todas las sensibilidades en nuestro partido y que haya unas prioridades políticas y que se discuta sobre eso, pero no que se utilice para hacer grupitos de poder, de negociación del poder en las estructuras del partido. Es el reto que tenemos los socialistas de toda España. Eso sólo se consigue con liderazgos carismáticos -y no sólo uno-.

—Ya mencionaba esa mezcla que se da en Madrid entre las estructuras del poder nacional del PSOE y los órganos regionales. A la hora de elegir cargos públicos madrileños influye mucho la decisión de los órganos nacionales, ¿no es así? Ahí está el ejemplo de Miguel Sebastián.
—Eso ha sentado mal a militantes. Y es verdad que, tal vez ahí, José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado los límites de su liderazgo como secretario general. Él no ha ido a otras regiones, no ha ido a Sevilla o a Logroño a plantear su propuesta de alcalde. Tal vez no tendría que haberlo hecho en Madrid. Rafael Simancas fue cariñoso y respetuoso con el secretario general nacional, pero José Luis Rodríguez Zapatero se pasó -dicho con sonrisa, y entre comillas- un poquito, e incluso administró mal los tiempos. No se puede nombrar a Trinidad Jiménez para un cargo en Exteriores, produciendo un vacío, y a partir de ahí, decir que ese vacío lo va a rellenar él, y empezar a hablar de ex ministros, hasta llegar a Sebastián. Eso fue un desgaste. Ahora, responsable de los resultados de Madrid, pues es posible que el que menos haya sido el propio Sebastián, porque tuvo el coraje de decir que sí, y es muy difícil, a falta de dos o tres meses para unas elecciones, siendo una persona que era conocida por menos del 20 por ciento de la población, poder encabezar una lista. Los sociólogos analizan que para encabezar una lista nunca puedes colocar a una persona que sea conocida por menos del 65 por ciento de los electores.

—Hablando de liderazgos, ¿qué le parece el ofrecimiento del alcalde de Parla, Tomás Gómez, para ponerse al frente del PSM tras el congreso de julio?
—Me parece bien. Tomás es un dirigente joven, comprometido con el Partido Socialista que, de pronto da el salto a la responsabilidad de ser alcalde. Se ha convertido, además, en el alcalde más votado de toda España en los dos últimos procesos electorales (75, 53 y 74,43 por ciento de los votos). Y cuando tú vas a Parla, tiene una forma tan cercana de hacer política... Ha sido un joven socialista con éxito político institucional, querido por la gente. Yo quiero ser prudente y respetuosa con la organización, porque quiero esperar en los tiempos de este proceso electoral interno que se proponen. Hoy creo que estamos con una persona con muchísimas posibilidades de continuar con el liderazgo que inició Rafael Si-mancas, y que se ha visto truncado por esta hiperresponsabilidad ante este fracaso. Y digo hiperresponsabilidad, porque los compañeros de la Ejecutiva Federal han sido injustos; se han cebado en Madrid, y la Comunidad Valenciana tiene peores resultados, Murcia tiene peores resultados, o en Cantabria, que estamos gobernando y hemos pasado a ser la tercera fuerza política, donde el populismo de los regionalistas nos ha adelantado. Ha habido fallos en estos procesos electorales que tienen que analizar todas las estructuras del partido. Y sin flagelarnos, porque nos quedamos en este pensamiento crítico que tiene la izquierda, y no disfrutamos ni cinco minutos de que vamos a gobernar en más comunidades y en muchos más ayuntamientos. Y para mí eso no es poder; es responsabilidad para sacar adelante los problemas de la gente.

— Hay miedo en el PSOE a perder las elecciones generales? ¿Qué ha de hacerse para evitar esa eventualidad?
—Hay que extraer buenas conclusiones de esto que hemos hablado. Hay que saber rentabilizar el buen trabajo del Gobierno socialista, que los ciudadanos sepan lo que se está haciendo, e incluso, para que entiendan la lógica de cómo algunas cosas se tienen que acabar haciendo con la lealtad de las responsabilidades autonómicas y municipales. En este país hay muchas transferencias; el Gobierno puede hacer una ley marco, como la de Dependencia, y poner un presupuesto económico, pero tiene que acabar transfiriéndolo a las comunidades autónomas, y éstas a los ayuntamientos, para que se desarrolle ese derecho. En política social, en política económica, en política internacional, el Gobierno de España vuelve a recuperar altos niveles de respeto en el ámbito internacional. Esperemos poder comunicar esto bien para poder seguir un ciclo más largo, de segunda modernización. Los socialistas debemos estar ocupados en comunicarnos con los ciudadanos acerca de lo que se ha hecho y de lo que se tiene que seguir haciendo. Es un trabajo de día a día, además de poner medios y recursos humanos para desarrollar esas políticas.

I.- LAICIDAD Y LAICISMO:
Es importante distinguir entre laicidad y laicismo, y distinguir bien, saliendo al paso de la versión tergiversada que el clero hace del laicismo.
Sabido es que en su relativa reconciliación con el mundo moderno, llevada a cabo sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el clero ha aceptado por fin el hecho consumado de la laicidad del Estado, pero sigue condenando el laicismo, al que atribuye los torvos propósitos a los que luego nos referiremos.
Su potencial de propaganda es tan intenso como para que muchos se retraigan y rehuyan utilizar la palabra laicismo como si fuera signo de extremosidad y falta de cordura.
De ahí que convenga poner los puntos sobre las ies para saber a qué atenernos, y para evidenciar la intención que subyace en esa maniobra consistente en dar por aceptable la laicidad y simultáneamente demonizar el laicismo.
Tomemos nota, por ejemplo, de que la prensa católica más afín al sector ultraconservador del episcopado, no cesa en su constante denuncia del laicismo que imputa al Gobierno de Zapatero, tratando como es obvio de enfrentarlo con el sector del electorado sobre el que dicha prensa ejerce cierta influencia.
De ahí que sea oportuno comenzar deslindando los conceptos de laicidad y de laicismo, así como la relación existente entre lo uno y lo otro.
La laicidad es una propiedad, carácter o condición de algo, generalmente aplicable a las instituciones, y por excelencia al Estado. De ahí las expresiones “laicidad del Estado” y “Estado laico”.
Dicha propiedad consiste en la neutralidad de la institución con respecto al hecho religioso, a las distintas religiones, confesiones o creencias de la sociedad.
También se puede definir en función de su contrario: Así puede decirse que el Estado laico o la laicidad del Estado son lo contrario de la confesionalidad del Estado, es decir, del compromiso del Estado con una determinada religión, de la que se declara protector, y cuyas reglas o principios morales asume como inspiración y como límite de las leyes, con lo cual, obviamente se otorga un gran poder de ingerencia a la Iglesia
sobre el ordenamiento civil que afecta a todos los ciudadanos, sean o no sean creyentes.
De la laicidad o neutralidad del Estado con respecto al hecho religioso se sigue la no ingerencia del poder público en cuestiones de fe o de moral religiosa. Se sigue así mismo el reconocimiento de la libertad de conciencia y de cultos; una igual libertad para la creencia y para la increencia. Esto es, la no discriminación por motivos religiosos.
Toda esta proyección práctica de la idea de laicidad requiere una plasmación jurídica, que suele ir desde la definición en el texto constitucional, hasta las distintas leyes que afectan a cuestiones de conciencia, y muy en particular a la Ley de Libertad Religiosa.
Por tanto, la laicidad de las instituciones es una cuestión de hecho, algo dado, si bien que con mayor o menor grado de integridad y coherencia en cada país.
Nuestra actual Constitución, pongamos por caso, incorpora la idea de laicidad del Estado de forma muy atenuada o edulcorada, pues si bien consagra el principio de no discriminación por razón de religión en el artículo 14, en el 16 deja tocada la neutralidad del Estado ante el hecho religioso, cuando a renglón seguido de afirmar que “NINGUNA RELIGIÓN TENDRÁ CARÁCTER ESTATAL”, establece un mandato claro: “LOS PODERES PÚBLICOS TENDRÁN EN CUENTA LAS CREENCIAS RELIGIOSAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y MANTENDRÁN LAS CONSIGUIENTES RELACIONES DE COOPERACIÓN CON LA IGLESIA CATÓLICA Y LAS DEMÁS CONFESIONES.
Sin olvidar que por el 27,3 el Estado se obliga a garantizar que en cualesquiera centros docentes se imparta formación religiosa a elección de los padres, y que el 27,9 abre la puerta de la subvención pública a la escuela privada confesional.
Todo lo cual nos hace pensar a algunos que no tenemos un Estado propiamente laico, aunque tampoco sea confesional, sino algo intermedio a lo que se ha dado en llamar “aconfesional”.
No parece que un Estado propiamente laico, sea por ejemplo el recaudador anual de las donaciones de los fieles a la Iglesia, ni el patrón laboral de un profesorado de religión nombrado y removido a gusto de la Jerarquía, ni que la Iglesia católica goce de amplios espacios semanales fijos en los principales medios de comunicación públicos.
Todo ello, como Vds bien saben, es el resultado de los pactos de la transición, que benditos fueron en tanto que permitieron restablecer la democracia en España. La situación no daba para más, en esta como en otras materias. Más valía tener una Constitución que garantizase los derechos y libertades fundamentales, consolidada por el respaldo de un amplísimo consenso.
Ahora bien, dicho esto, el análisis de ese régimen atenuado de neutralidad, más erosionado o limitado todavía por los Acuerdos con la Santa Sede, y por la interpretación que se les ha venido dando, nos da idea del tipo de laicidad que acepta el clero cuando afirma enfáticamente que ellos son los más auténticos defensores de la verdadera laicidad del Estado, y que lo reprobable es el laicismo y la política preconizada según ellos por el laicismo.
Significados eclesiásticos, y el propio Papa, así como toda su cohorte de comentaristas, suelen afirmar que el laicismo es un movimiento antirreligioso que pretende arrinconar la religión en la intimidad de las conciencias excluyendo toda referencia y toda presencia religiosa de la vida pública, reduciendo su exteriorización a la práctica del culto llevada a cabo en el interior de los templos. O como ha dicho un conocido prelado español, lo que se pretende es “expulsar a Dios de la sociedad”.
Pero todo esto es falso, y conviene replicarlo, porque se ha construido artificialmente una imagen maniquea del laicismo con el fin de frenar su impulso y de estigmatizar a sus defensores. El laicismo no es antirreligioso; el objeto fundamental del laicismo es defender la libertad de conciencia. En materia de religión, lo que el laicismo defiende es la total ausencia de coacción para creer o no creer, que es en lo que cabalmente consiste la verdadera libertad religiosa, fundamento a su vez de la libertad de cultos.
Las ideas fundamentales del laicismo surgieron precisamente para evitar las persecuciones por motivos de conciencia. En aquella Europa inmediatamente posterior a la Reforma luterana, desgarrada por las guerras de religión, y por sangrientas luchas intestinas, alguien concibió que la neutralidad del Estado ante el hecho religioso seria la forma más adecuada para garantizar la libertad de todos, la paz civil, e incluso la legítima autonomía de las iglesias. La separación entre la Iglesia y el Estado fue concebida y realizada entonces poco a poco por hombres creyentes, eso sí, por hombres
creyentes que no querían servirse del poder político para imponer a otros sus creencias, ni para sofocar y hacer enmudecer a sus adversarios.
El laicismo se enriqueció también de los ideales de la Ilustración que hablan de una humanidad que accede a la mayoría de edad y se emancipa de seculares tutelas.
Ideales que hablan de autonomía moral, de conciencia autolegisladora, y de obrar por conciencia del deber, sabiendo distinguir claramente entre moralidad y legalidad.
Partiendo de esa lógica, el laicismo asumió que una sociedad compuesta por seres humanos capaces individualmente de gobernarse a sí mismos, tenía que ser una sociedad en su conjunto capaz de gobernarse a sí misma, es decir, asumió la soberanía del pueblo y su capacidad irrestricta para dotarse a sí mismo –por medio de representantes libremente elegidos- de sus propias normas de convivencia. De ahí que reclamara la más estricta independencia y laicidad del Estado.
Y siguiendo la senda de Rousseau, quiso un tipo de escuela que respetase la formación libre de la conciencia del niño, no imbuyéndole prematuramente ideologías que no pudiera comprender, ni inculcándole amenazas terroríficas que le indujeran a obrar por el temor, y no por amor a la belleza y por aquello que la sencilla razón indica como más conveniente.
Así se forjó ese movimiento teórico-práctico, transversal a distintos idearios de partido, y a distintos estratos de las clases sociales, al que llamamos laicismo.
Nosotros afirmamos que los principios del laicismo constituyen un valor ético porque creemos que sirven para orientar la conducta y saber discernir en cada caso a favor de la libertad que le permita a cada uno ser fiel a sí mismo. Y creemos que la práctica o militancia laicista es un valor moral porque consiste en el compromiso personal de cada uno con esa causa emancipadora.
Dicho lo cual se puede resumir en pocas palabras la relación entre laicidad y laicismo: Existe hoy un cierto grado de laicidad en las instituciones porque hubo laicismo, y si no se retrocede, sino que se sigue profundizando y ampliando las libertades es porque el laicismo contribuye manteniéndose vivaz y vigilante, mal que a algunos les pese y pretendan denigrarlo.

II.- LAICIDAD Y CIUDADANÍA
Sobre la laicidad inherente al concepto de ciudadanía.
Hemos hablado de laicidad; hablemos ahora un poco de ciudadanía para poder fundamentar la relación entre ambas.
“Ciudadanía” es un término polisémico, y de entre sus varios significados la Real Academia define en primer lugar esta acepción: “Calidad y derecho del
ciudadano”.
Sin embargo yo preferiría hablar de condición o de estatus del ciudadano.
Porque ese derecho [o conjunto de derechos] al que alude la Academia lo que viene a configurar es el marco de posibilidades que el ciudadano tiene para poder ejercitar su libertad, moldeando a través de esas opciones sucesivas lo que va a ser el contenido explícito de su existencia.
El estatus de ciudadanía define por tanto los ámbitos posibles en los que puedo realizar mi vida. De ahí que prefiera la palabra estatus, porque el ser ciudadano es un modo de estar en el mundo harto distinto de aquel desgraciado estar que tuvieron los esclavos, los siervos, los súbditos y los apátridas.
En cuanto a su contenido, al elenco de derechos y obligaciones que componen el estatuto de ciudadanía, lo primero que salta a la vista es la historicidad del concepto de ciudadanía, su carácter procesual o evolutivo. Baste cotejar la diferencia existente entre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa [de 1789] y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 1948.
Enseguida se aprecia el notable enriquecimiento de contenidos del segundo con respecto al primero, pues el de 1948 ya incorpora lo que se designa por los expertos como “derechos humanos de segunda generación”, todo ello sin olvidar que a impulsos del ecologismo ya se plantea el definir los llamados derechos de tercera generación.
Hemos citado dos textos famosos que han servido de referencia o paradigma para definir en distintos países su propio estatuto de ciudadanía. La gran diferencia entre ambos, no es menor que la diferencia existente hoy día entre distintos países, con respecto a su respectivo estatus de ciudadanía, incluso entre los que se consideran más desarrollados y progresivos.
Todo lo cual nos hace pensar que el concepto de ciudadanía es algo “in fieri”, en proceso abierto de elaboración y maduración, tanto en la mente de los teóricos como en la praxis política de las naciones.
La evolución del concepto de ciudadanía refleja en definitiva la evolución de la idea que el ser humano se va formando acerca de sí mismo, y sobre todo la idea que va configurando acerca del fin de la convivencia social. Cuando esa reflexión del espíritu humano se transforma y se formula en términos de ideales políticos surge la voluntad de cambiar las normas, y casi siempre el choque con los intereses de quienes estaban mejor establecidos en la situación precedente.
A grandes rasgos cabe distinguir entre dos orientaciones o si se quiere, dos fases sucesivas, en el diseño del modelo de ciudadanía: 1º) El modelo de ciudadanía liberal.
2º) El modelo de ciudadanía social.
El modelo de ciudadanía liberal tuvo como definición arquetípica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y su núcleo central es la proclamación de los derechos y libertades civiles y políticas del individuo, habiendo representado –en su momento- un gigantesco paso histórico sumamente positivo.
La ideología que subyace en este modelo recoge los frutos de todo ese largo proceso de exaltación del individuo que parte del humanismo renacentista, que favorecen y difunden algunas de las doctrinas luteranas, como la del libre examen y la del rechazo a todo dogma o mandato impuesto por la jerarquía, el decisivo impulso cartesiano que afirma como único criterio de verdad la evidencia testimoniada por la razón individual, y finalmente, el ansia de libertad y de ruptura propios del romanticismo.
Todo el aparato político concebido por el liberalismo no tiene otro fin sino proteger y preservar en todo lo posible la autonomía individual, tanto en el pensamiento y la conciencia, como en la libre disposición de la propiedad. Las dos ideas clave del liberalismo político, el régimen de gobierno representativo, y la separación de poderes, son instrumentales. Su fin no es otro sino limitar el poder público, delimitando restrictivamente las facultades de los gobernantes, limitándoles el tiempo de los mandatos, y estableciendo un contrapeso entre los distintos poderes del Estado.
Pero este modelo liberal de estatus ciudadano lleva consigo una carga de irrealidad o de falsedad objetiva derivadas de la mentalidad burguesa en que se había producido.
En efecto: todo ese mecanismo fue concebido para proteger al individuo frente al poder del Estado y al poderío de la Iglesia, que eran ciertamente los elementos que afligían y coartaban la libre iniciativa y el libre pensamiento de la clase propietaria emergente. Con respecto a los demás seres humanos, a la burguesía le era suficiente que el nuevo poder público garantizase estrictamente la propiedad y penalizara severamente el incumplimiento de los contratos.
Pero resulta que la libertad real de los más no está oprimida sólo por el Estado y su adláter espiritual, sino también por las relaciones despóticas de dependencia del criado con respecto al amo, del campesino al terrateniente, del obrero al patrón, del empleado al empleador o empresario. Y sobre todo, la libertad se torna irreal y evanescente por la carencia vital, o por la ignorancia alienante, así como por la sujeción al estricto imperativo de hacer lo inevitable para poder sobrevivir.
Por ello, el siglo de las nuevas revoluciones sociales acabaría dando paso, tras la IIª Guerra Mundial a un nuevo concepto de ciudadanía en Europa, o como gusta decir a algunos, a un nuevo contrato social, por virtud del cual a cada uno se le garantizan no sólo unos derechos civiles y políticos, sino una serie de derechos sociales y coberturas frente a la vejez y el infortunio, como marco objetivo posibilitante para el ejercicio real de las libertades.
Toda la segunda mitad de la Declaración de los Derechos Humanos, de 1948, expresa, al menos como objetivo, ese nuevo elenco de derechos sociales que nos
permiten hablar hoy con relativa satisfacción de ciudadanía europea.
Dicho lo cual estamos en condiciones de abordar la relación entre laicidad y ciudadanía, para lo cual hemos de considerar ahora el estatus de ciudadanía como fundamento de la unidad de un pueblo, o por lo menos como factor de cohesión social importantísimo, que fomenta la unidad y solidaridad del país.
En este sentido, el estatus de ciudadanía social emerge como un nexo unitivo dado que iguala de algún modo a los que son desiguales. Aunque de una manera todavía bastante imperfecta, no sólo iguala en la posesión de unos derechos y libertades antes quiméricos para la mayoría, sino que iguala (a través de las prestaciones y servicios sociales) en unas mínimas condiciones de supervivencia, y en una razonable esperanza de mejora sin tener que apelar ni los unos ni los otros al recurso fatal de la violencia.
Ahora bien, fijémonos en que el saludable efecto cohesivo y unificador del estatus común de ciudadanía se basa en afirmar, definir, y garantizar a todos algo que les sea común, algo que todos posean o puedan poseer, como es la libertad de pensar y de expresarse, el acceso a la salud, a la escuela, el derecho a intervenir en la vida pública, etc. etc. Esos y otros muchos aspectos puede recoger el estatuto de ciudadanía.
Pero en el orden de las ideologías y creencias ni somos iguales, ni conviene que lo seamos, pues de la diversidad y de la confrontación dialéctica de los opuestos es precisamente de lo que se nutre el progreso y desenvolvimiento del espíritu.
De donde que al estatuto de ciudadanía le es inherente la laicidad, la neutralidad, habiendo de limitarse en materia de ideas y creencias a afirmar la plena libertad de todas ellas, y a favorecer las condiciones objetivas que fomenten el libre acceso y circulación
de las mismas.
La universalidad, nota característica del estatus de ciudadanía, el ser igual y el mismo para todos los participes de una sociedad, tan solo puede significar a este respecto, la plena libertad y respeto hacia todas las convicciones.
Sólo los regímenes tiránicos, en los que por definición desaparece la condición de ciudadanía, pretendieron imponer la unificación o uniformización de la fe y del pensamiento, consiguiendo al menos sofocar la exteriorización del pluralismo y de la disidencia.
Todo esto tiene su reflejo en el modelo de Estado, porque a cada modelo de ciudadanía corresponde un modelo de Estado. La teoría y la organización del Estado evolucionan obviamente conforme al modelo de sociedad que se quiere obtener, es decir, con respecto al tipo de ciudadano que se desea fomentar.
Al modelo de ciudadanía liberal corresponde el Estado gendarme, mínimamente intervencionista, dejar hacer, dejar pasar. Al modelo de ciudadanía social corresponde el llamado Estado Social de Derecho, que yo preferiría llamar Estado redistribuidor de la riqueza, o corrector de las tremendas desigualdades sociales que genera el mercado y utilizando los mecanismos fiscales para asegurar la universalidad de la prestación de los servicios propios del estatuto de ciudadanía social.
Nótese bien, que pese a esa enorme diferencia entre el modelo de Estado liberal
y el Estado social, tan inherente es la laicidad a todo concepto de ciudadanía, que ambas formas de Estado reclaman para sí la condición de Estado laico, siendo algo patológico, contradictorio, e intrínsecamente conflictivo, el inestable modelo que pretende aunar confesionalidad y liberalismo, cual ocurre en la España de la Restauración.
No cabe verdadera libertad de cultos, sino a lo sumo un ambiguo régimen de tolerancia, ni plena libertad de expresión, ni de cátedra, en un Estado confesional.
Recordemos los conflictos de la cuestión universitaria en el reinado de Isabel IIª, y toda la problemática de la llamada “cuestión escolar” que se prolonga hasta el advenimiento de la IIª República.
En España ha sido –y es- muy difícil la edificación de un verdadero Estado laico porque desde hace más de quinientos años se viene mezclando religión e identidad nacional. Son los viejos problemas de familia que no se solventan pretendiendo ignorarlos, y menos todavía cuando la gente de talante más conservador se empeña en resucitar el espíritu de D. Marcelino Menéndez y Pelayo, como hace con frecuencia el cardenal Rouco Varela, a quien le encanta la expresión “España será católica, o no será”, verdadera antitesis de una fundamentación laica de la convivencia nacional.
Durante los primeros años de la transición, cuando en aras de facilitar un consenso básico pusimos entre paréntesis determinados debates en torno a la Historia de España, los pragmáticos y los tecnócratas se movieron a sus anchas, y hubo que
soportar como de forma altiva despreciaban las reflexiones sobre estos asuntos
tachándolas de temas trasnochados y carentes de toda vigencia.


Puro desconocimiento tecnocrático de lo que Unamuno hubiera llamado nuestra intrahistoria. No se habían enterado de que se estaban moviendo sobre un volcán en
reposo donde subsisten las viejas pasiones, en un país en el que todavía viven por lo menos dos generaciones con el alma llena de cicatrices.
Ha bastado que el actual Gobierno intentara avanzar un poco más en la ampliación de los derechos civiles de grupos sociales secularmente preteridos, o que
intentara profundizar en el régimen autonómico, o que se planteara hacer memoria reparadora de las victimas de la dictadura, para que desde distintos flancos haya saltado
sobre el tapete la indecisa cuestión de la identidad nacional, uno de cuyos componentes, nada baladí, es y sigue siendo la cuestión religiosa, el estatuto de las creencias, y el
papel de la Iglesia católica dentro de la sociedad española.
Para entender las raíces más profundas de este problema que tanto dificulta el arraigo de la laicidad en nuestro país, no cabe olvidar la obra certera de D. Fernando de
los Ríos en la que muestra con todo rigor la decisión intransigente con la que los Austrias asumieron el diseño de unidad nacional trazado por los Reyes Católicos: Una
sola corona, una sola lengua, una sola religión. Esquema no corregido por los primeros borbones, quienes implemente añadieron al concepto de unidad de la corona la idea de
uniformización institucional, suprimiendo la relativa autonomía de los antiguos reinos.
Esto es, unidad entendida como uniformidad a rajatabla, de donde se deriva la exclusión y la persecución de toda disidencia.
Como dice de los Ríos, el Estado quedó enfeudado a los fines de la Iglesia [¿Recordáis? – “España martillo de herejes” que decía D. Marcelino]. Excediéndose de sus propias funciones la Iglesia asumió el papel de censor de las costumbres, aduana del pensamiento, y controladora de todo el aparato cultural y educativo, y el resultado final de aquella política anacrónica no fue otro sino una larga decadencia política, científica y económica, en la que nunca llegó a forjarse una burguesía capaz de implantar y consolidar un verdadero régimen liberal. Aquí nadie resituó a su debido tiempo a la Iglesia en el lugar que le corresponde.
Este secular retraso en el proceso de nuestro devenir histórico determinó que la irresuelta cuestión religiosa acabara entreverándose con la lucha de clases en su periodo
más virulento, y que la Iglesia, por su inequívoca alianza con las fuerzas más conservadoras acabara situándose frente al proletariado, de tal modo que una guerra
civil promovida por la contrarrevolución acabó siendo bendecida y glorificada como Cruzada.
Cuando recordamos esto no se trata de evocar un remoto pasado, que no tenga apenas nada que ver con el presente. Quienes hemos sufrido los rigores del nacionalcatolicismo
sabemos con qué fuerza y con qué virulencia llegaron aquellos tristes planteamientos hasta el presente histórico, y sabemos detectar sus huellas y sus flecos.
Porque conocemos a fondo, y porque hemos reflexionado mucho sobre esta tormentosa historia, no somos indiferentes, ni equidistantes, sino que nos sentimos
comprometidos con el laicismo, y a la vez queremos liberar al laicismo de todo rastro antirreligioso, siquiera fuere por respeto a los muchos creyentes convencidos de que la
laicidad de las instituciones constituye la mejor garantía de la verdadera libertad religiosa, y que se sienten profundamente molestos y en cierto modo traicionados como
miembros de la Iglesia al constatar la instrumentalización de la religión al servicio de causas que no tienen nada que ver con el cristianismo evangélico.
No vamos a negar que bajo las banderas del laicismo también se han cobijado y se cobijan quienes consideran que la religión es un arcaísmo cultural, algo anticientífico,
y una rémora para el progreso de la humanidad. Pero aún siendo tan respetable como cualquier otra esta postura, siempre que no se torne en displicente menosprecio de los
creyentes, conviene declarar y clarificar que ateismo y laicismo son cosas bien distintas, porque de otro modo tendría razón Ratzinger cuando una y otra vez tergiversa las cosas
atribuyendo al laicismo una animosidad antirreligiosa que en verdad no le corresponde.
Otra cosa es el anticlericalismo. En España no faltan nunca motivos para ser anticlericales. Personajes como el cardenal Cañizares, por ejemplo, cada vez que hablan
abonan abundantemente el jardín del anticlericalismo hispano. Yo tengo varios amigos sacerdotes que me han confesado más de una vez que ellos también son anticlericales.
Son clérigos que desearían ver a la Iglesia liberada de todos los privilegios que aún conserva, y a quienes molesta tanto como a nosotros la vieja propensión de la Jerarquía
Eclesiástica a servirse del poder civil y de la legislación estatal para imponer a todos la moral que ellos preconizan.
No obstante, resulta fácil distinguir entre estar en contra de las posturas clericales, sobre todo del alto clero, y el estar en contra de la creencia, o el estar dominado por un prejuicio tan intenso como para no reconocer lo que de positivo tiene el impulso religioso de la caridad cristiana.
Con todo esto, como ven, hemos ido derivando hacia el terreno de los sentimientos y de las actitudes. No es extraño, pues la noción de ciudadanía implica bastante más que un cierto estatuto jurídico.
Ser ciudadano no es sólo saberse titular de un elenco de derechos y deberes, sino que la ciudadanía comporta así mismo un componente moral y afectivo importantísimo.
Siempre, inevitablemente, se es ciudadano de una ciudad, de una polis o sociedad política determinada, y por eso la conciencia de ciudadanía implica un sentimiento de
pertenencia al colectivo humano que garantiza mi seguridad y posibilita mi libertad, con el que por elemental reciprocidad tengo deberes.
Nosotros queremos además que ese sentimiento de pertenencia sea activo, participativo, que sea una ampliación del horizonte vital de cada ciudadano, que sea algo superador del egocentrismo y le permita sentir como propio lo que es de todos, es decir, que le permita engrandecer su ánimo con la virtud cívica.
Ese es cabalmente el propósito esencial de la nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía”, y por ello vamos a concluir dedicando algunas palabras en torno a la tremenda polémica que ha suscitado.

III. EDUCAR PARA LA CIUDADANÍA
Digámoslo claro desde el principio: La agria polémica suscitada por la nueva asignatura, y la campaña de resistencia civil que se ha pretendido levantar contra la misma, es el terreno elegido por el sector más duro de la Jerarquía y afines, para dar la batalla a un Gobierno que aborrecen.
La materia por sí misma, por sus contenidos curriculares, no merece tanto escándalo, ni tan altisonantes declaraciones, como lo demuestra el hecho de que si hubiera sido planteada como asignatura alternativa obligatoria para los alumnos que no cursen religión confesional, nada habría ocurrido, sino que por el contrario habría merecido todo pláceme y bendición, como en su día ellos mismos dijeron.
Así mismo, los argumentos de rechazo a la nueva materia, son tan poco convincentes como para que todo un sector tan importante como es el de la escuela confesional católica, (FERE-CECA) se haya negado a seguir las consignas que le pedían boicotear la materia negándose a impartirla en sus centros. [Recordemos a este respecto el anatema lanzado por Cañizares: Impartir la materia es “cooperar con el mal”]
Todo lo cual demuestra que esto es una batalla incursa en una guerra más amplia, cuyas causas exceden con mucho a la cuestión de la asignatura en sí misma.
Hay un sector de la cúpula episcopal -con fuerte poder de arrastre sobre sus colegas- que aborrece al actual Gobierno de España no sólo por este motivo, sino por toda la trayectoria que en materias conexas ha seguido durante toda la legislatura, que empezó por dejar en suspenso el régimen de enseñanza de la religión que tenían pactado
unilateralmente con el PP, del que resultó fiel reflejo la Disposición Adicional segunda de la LOCE.
En efecto, como recordareis, una de las primeras disposiciones del actual Gobierno fue suspender por Decreto la norma de igual rango que regulaba el calendario de implantación de la LOCE, es decir, de la contrarreforma que venía a desbaratar la reforma educativa emprendida por el Gobierno Socialista de Felipe González.
Al quedar aplazada la aplicación de la LOCE se abría un compás de espera que dio lugar a la tramitación parlamentaria de la actual LOE, ley que viene a rectificar errores de la legislación anterior pero que se sitúa substancialmente en la línea primigenia de la reforma educativa.
Aquella súbita quiebra del pacto Iglesia-PP sobre la enseñanza de la religión les desconcertó, y más de uno recordaría nuestras advertencias: Los intereses temporales de
la Iglesia sólo se pueden garantizar de forma estable y duradera mediante un consenso con el sector laico.
Lo que tenían pactado con el PP era su desideratum de siempre: El imponer una asignatura alternativa obligatoria y evaluable a quienes rehusaran la enseñanza de
religión confesional. Es decir, aquello que venimos diciéndoles desde hace lustros que jamás aceptarán los socialistas, para quienes el ejercicio positivo del derecho a recibir
enseñanza de la religión confesional por parte de algunos, no puede implicar obligación académica de ninguna especie para aquellos otros que la rehúsen.
No se esperaban, como no se esperaba el resto de la derecha, el resultado de las elecciones de marzo, y de ahí el desencanto y el resentimiento con el que se enfrentaron
desde el principio al proyecto de la nueva Ley educativa que venía a restablecer, perfeccionando, la reforma educativa de nuestro sistema escolar.
Cuando se hizo público el diseño del nuevo proyecto en el librito titulado “Una educación para todos y entre todos” emergió de lleno su mal humor, descalificándolo de
raíz, y concentrando su crítica desde entonces sobre la propuesta de Educación para la Ciudadanía, que por vez primera aparecía oficialmente en dicho texto, del que por
cierto, desaparecía a la vez la imposición de una materia obligatoria alternativa a la religión confesional, concebida exclusivamente para penalizar la disidencia de los
paganos.
Esa profunda disconformidad de la Iglesia con respecto al régimen de enseñanza de su religión, agravada por la frustración de quienes creyeron haber triunfado por
goleada con apoyo del PP, es en realidad el telón de fondo de la polémica sobre la ciudadanía, y el elemento generador de tanta acritud y despecho.
Pero no sólo eso, hay más: Ellos ponen como en las páginas de un cuaderno de agravios junto a esta cuestión, otras tales como el reconocimiento del derecho de las
parejas homosexuales a contraer matrimonio, la modificación del derecho de familia en el sentido de lo que llaman peyorativamente “divorcio-exprés”, y las medidas que
otorgan mayor amplitud a la investigación biológica con células madre.
Y sobre todo, el factor quizá más importante que enmarca la actual polémica sobre la ciudadanía, es el difuso malestar de la Iglesia jerárquica ante el creciente
proceso de secularización de la cultura, de las formas de vida de la gente, y más en “Laicidad y ciudadanía” proceso imparable de secularización en el que ciertamente
cada vez ocupa menos espacio la religiosidad.
Un error de diagnóstico sobre las causas de ese fenómeno social, el atribuirlo en alto grado a la influencia maléfica de un laicismo antirreligioso imperante, y no al tipo
de desarrollo económico que realmente lo genera, determina que aquel difuso malestar se proyecte como aversión a un Gobierno, y a las iniciativas de este Gobierno, que para
algunos es la encarnación viva del famoso relativismo, en el que al parecer se están diluyendo corrosivamente los fundamentos morales de occidente.
Digo todo esto, amigos míos, con verdadera preocupación, porque me parece muy negativo que se vuelva a abrir un abismo entre el discurso eclesiástico hegemónico,
y el discurso secular del resto de la sociedad civil, lo que debiera inducirnos a pensar en la necesidad de un diálogo a todos los niveles que recomponga el necesario
entendimiento. Nadie, por motivos religiosos, debiera sentirse como nuestro adversario.
No debe dejar de preocuparnos que una cosa como Educación para la Ciudadanía, que fue concebida desde sus orígenes –puedo asegurarlo- sin ningún ánimo
de combatir a las creencias, ni a la moral de ninguna Iglesia, se haya interpretado por un importante sector de la sociedad como una infame agresión a sus sentimientos. Un
semejante desentendimiento de ese calibre no augura nada bueno para la convivencia pacífica.
La primera descarga contra Educación para la Ciudadanía, lanzada antes incluso de que se publicara el currículo, consistió, como recordareis, en tildarla de añagaza de
los socialistas para difundir su ideología partidista en las aulas y manipular la conciencia de los niños. Tremenda acusación totalmente carente de sentido, y mucho
nos tememos que dicha de mala fe. Porque ellos saben muy bien lo que hay que hacer para asegurar la ortodoxia doctrinal en la enseñanza escolar.
Ellos han utilizado desde siempre las aulas para transmitir su doctrina, y acaso por eso imaginan que los demás pretenden hacer lo mismo. Ellos saben muy bien,
porque lo practican desde hace siglos que para asegurar la estricta fidelidad a la doctrina la clave reside en el nombramiento de profesores fieles, y en la expedita deposición de
los infieles. Para ser profesor en la Edad Media hacia falta tener la venia docendi. Ahora los profesores de religión tienen que tener la misio canónica o el certificado de
idoneidad dicho en términos más burocráticos; son propuestos por el obispo, y el obispo puede retirarles la licencia como es bien sabido. Así mismo los libros de texto que
utilicen para impartir sus enseñanzas han de tener lo que tradicionalmente se llamaba el nihil obstat.
En la enseñanza privada la cosa es más simple; aunque siendo concertada pague el Estado, la titularidad del centro es quien contrata y despide a los profesores, y quien
sin más miramiento determina el libro de texto.
Eso es lo que hay que hacer para controlar ideológicamente unas enseñanzas.
Pero ellos sabían y saben que ni este, ni ningún otro gobierno constitucional puede hacer cosas semejantes en la escuela pública, aunque consienta que se siga haciendo en
las clases de religión. Ellos saben que los profesores que han de impartir Educación para la Ciudadanía son personal funcionario, inamovible por razón de ideología o creencia, protegido por la libertad de cátedra, muy plural ideológicamente de hecho, y saben que cada Departamento puede elegir libremente los libros de texto, y cualesquiera otros
materiales didácticos de entre la rica variedad que ofrecen las editoriales en el mercado, fiel reflejo a su vez del pluralismo ideológico de la sociedad.
¿Podía en estas condiciones decirse de buena fe que el PSOE iba a adoctrinar partidistamente a los niños con la nueva asignatura?
¿No fue tremendamente chabacano compararlo con la Educación política de la Dictadura, impartida por personal designado ad hoc por el Movimiento, y con manuales
de la misma procedencia? – Sin embargo, este grosero argumento fue uno de los más repetidos por los adversarios de la nueva materia.
Una vez publicado oficialmente el contenido curricular para los diversos cursos en que habría de impartirse, las criticas adquirieron otro calado: En los documentos y
declaraciones de los obispos se ha tachado a la asignatura de estar imbuida por el relativismo moral, de estar implícitamente fundamentada en una antropología que no
cuenta para nada con la transcendencia; de no remitirse en ningún momento a la verdad.
También se la ha acusado de insistir en el rechazo a la homofobia, y de reflejar la ideología de género.
En consecuencia, se le ha imputado que invade ilegítimamente el ámbito de la formación de la conciencia, y en particular el derecho de los padres a elegir el tipo de
educación religiosa y moral que deseen para sus hijos.
Parece claro que algunas de estas críticas más que verdaderos argumentos no son otra cosa que un juicio o proceso de intenciones, obsesionados por la idea de que
alguien pretende vehicular una ideología de grupo o de partido. Tal es el caso de la imputación referente a la supuesta imposición de la ideología de género, sin otro
fundamento sino que en el currículo se utilice el término género en lugar de sexo, terminología más amplia de uso convencional común en la actualidad, ya incorporada
incluso al lenguaje jurídico y de manejo habitual por los expertos.
¡Qué decir de lo del rechazo a la homofobia! ¿Es que a estas alturas no es signo de liberalidad y tolerancia el rechazo a la homofobia, del mismo modo que a cualquier
otro tipo de discriminación peyorativa?
Insisten mucho en lo del relativismo (eso viene de Roma, como sabéis), en la antropología subyacente, en la no referencia a la verdad ...
Es decir, en el fondo lo que se rechaza es la laicidad de la asignatura, su exquisita neutralidad a los planteamientos religiosos, y por supuesto, a cualquier
fundamentación teológica de la moral y del sentido de la vida.
Sin embargo, no han podido señalar ni un solo epígrafe que implique menosprecio o desconsideración de las creencias, porque en cambio si que existen
sendos pasajes del currículo orientados a glosar la libertad de conciencia y la libertad religiosa. 
No podía hacerse de otro modo, pues conforme analizamos anteriormente, al concepto de ciudadanía le es inherente la laicidad. Una materia escolar común a todos
los alumnos no puede fundamentarse sino en principios de racionalidad secular, ni afirmar otros valores que los asumidos a través de una dialéctica dialogal por la
sociedad, y por excelencia aquellos que consensualmente quedaron plasmados en la Constitución del Estado.
Cada cosa tiene su lugar, y entendemos que el lugar propio para impartir doctrina referente a una antropología de la transcendencia, a un objetivismo moral
fundamentado en la ley natural (trasunto de la voluntad de Dios creador), a un sentido de la vida ultraterreno, y a una verdad incuestionable ante la que debe ceder la razón
individual, es la clase de religión que imparten los ministros de las confesiones, cada cual por cierto de acuerdo con su fe y con sus tradiciones. Todo ello es sumamente
respetable, pero no puede ser el fundamento de una ética civil, substrato común de la convivencia, que es a lo que tiene que servir la Educación para la Ciudadanía, que
diciéndolo con mayor simplicidad no puede ser –como no lo va a ser- ni teológica, ni antiteológica.
Menor sentido todavía tiene toda esta polémica, basada como argumento principal en el derecho a elegir de los padres, en un país como el nuestro, que tiene en
este momento una red amplísima de centros privados concertados, sostenidos con fondos públicos, de mayoría confesional, en los que esta asignatura, como cualquier
otra, va a ser impartida por el profesor que designe la entidad titular del colegio, y de acuerdo con el ideario o carácter propio del mismo.
Pese a todo lo cual, los prelados y las asociaciones de signo más conservador (digámoslo claramente, más furibundamente antigubernamentales), han intentado
promover un grave conflicto de desobediencia civil en estos meses que no por casualidad son preelectorales.
No podemos ignorar que si hubieran tenido éxito tales propósitos, si toda la enseñanza privada concertada de este país se hubiera negado a impartir la asignatura,
desobedeciendo la ley del Parlamento y los Decretos del Gobierno, habríamos estado ante una crisis seria cuyas consecuencias habrían afectado a miles de familias
perturbando seriamente la paz social.
Merece a este respecto un gran elogio la capacidad persuasiva y la habilidad negociadora de D. Alejandro Tiana, sensible a limar del currículo algún epígrafe que
hubiera podido interpretarse equívocamente, y sobre todo dando oportunamente las garantías –que legalmente no podía negar- a los centros privados de que en esto,
exactamente igual que en todo lo demás, la ley les ampara para que procedan en conformidad a su respectivo ideario.
Hay quien no quiere entender que la ética civil y la moral religiosa no tienen porque ser necesariamente contradictorias, sino que pueden y debieran ser
complementarias.
Desde esa convicción convivencial que supone la complementariedad algunos venimos trabajando desde hace muchos años en pro de la ética cívica.
Victorino ciertamente ha sido uno de los que más ha hecho por introducir la Educación para la Ciudadanía, y la Fundación Cives ha hecho y hace una excelente
labor en el mismo sentido. Ello les honra. Por eso nos hemos reunido esta noche para testimoniarles nuestro afecto en la persona de mi viejo y entrañable amigo Victorino
Mayoral, excelente ciudadano, para quien yo recabo el aplauso de todos ustedes porque él es el verdadero protagonista de este acto.
Nada más y muchas gracias.