No es exagerado afirmar que una de las conquistas sociales más importantes del siglo XX es la creación y consolidación de sistemas públicos de Seguridad Social. Ya entrado el siglo XXI, la sociedad española es consciente de la necesidad de preservar este patrimonio como mejor garantía del progreso y la cohesión social. Tal es precisamente el motivo de la aprobación de la Ley de Medidas de Seguridad Social.

Esta ley contiene una reforma global del sistema de Seguridad Social que persigue mejorar el nivel de protección y asegurar su viabilidad, incrementando la capacidad de encarar el futuro con tranquilidad. La reforma se asienta en tres principios fundamentales: consenso, responsabilidad y solidaridad.

l Al igual que el resto de medidas de política social adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de la legislatura, ésta es una reforma fruto del consenso. Los objetivos perseguidos por la ley son compartidos por agentes sociales y partidos políticos. De un lado, el germen de la nueva norma es un acuerdo suscrito por el Gobierno con sindicatos y patronal en julio de 2006, como resultado del proceso de diálogo social. Y, de otro, la reforma ha recibido un fuerte respaldo en su tramitación parlamentaria, algo que no debe extrañar al tratarse de medidas que siguen las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Que la reforma haya sido consensuada supone algo tan importante como que todos (partidos políticos y agentes sociales, y por extensión los ciudadanos) podamos sentirnos partícipes de ella; éste es el modelo de Seguridad Social que quiere la sociedad española.

El segundo principio que inspira la reforma es el de responsabilidad. Todas las medidas son fieles a un objetivo: garantizar la sostenibilidad futura de la Seguridad Social. En verdad, la salud financiera del sistema es hoy excelente, como acreditan el superávit de los últimos años y los 52.000 millones de euros que en 2008 alcanzará el Fondo de Reserva. Pero todos debemos ser conscientes de que estos datos no nos hacen inmunes a los desafíos futuros, algunos tan previsibles como el envejecimiento de la población.

Por ello, una parte de las medidas pretende corregir las disfunciones que actualmente afectan al sistema, así como adaptar la protección a la nueva realidad social. Así sucede con la modificación del régimen de la jubilación parcial, con la mejora de la coordinación entre entidades gestoras y los servicios de salud en la gestión de la incapacidad temporal, con la nueva fórmula de cálculo del complemento de gran invalidez o con la redistribución de la pensión de viudedad en el supuesto de concurrencia de beneficiarios.

Lo importante es que estos ajustes, marcados por un sentido de responsabilidad, permiten reforzar la buena salud de la Seguridad Social, algo que repercute positivamente en la capacidad de anticipación para evitar dificultades futuras.

l Por último, la reforma está presidida, sobre todo, por el principio de solidaridad. Siempre de forma responsable y equilibrada, la nueva ley mejora los derechos de protección social de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos. Así, entre las medidas más destacadas, el aumento de los incentivos para trabajar más allá de los 65 años, como la subida de la pensión en un 15% por la jubilación a los 70 años; un incremento de hasta 63 euros de la pensión de quienes se jubilaron anticipadamente antes de 2002; la extensión de la pensión de viudedad a las parejas de hecho y la creación de una prestación temporal sustitutiva para supuestos hasta ahora no protegidos; una subida de la base de cotización de los parados mayores de 52 años; la posibilidad de disfrute íntegro de la prestación por desempleo tras la incapacidad temporal, o la reducción del periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de incapacidad permanente en el caso de los menores de 31 años.

Un Gobierno responsable trata de estimular el compromiso, el orgullo y la identificación de los ciudadanos con sus instituciones; de este modo se fortalece la democracia. La defensa del sistema público de Seguridad Social como pilar esencial de nuestro Estado social avanza en esa dirección y nos convierte en una sociedad más cohesionada y justa, de ahí la importancia de la nueva ley.

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

No es exagerado afirmar que una de las conquistas sociales más importantes del siglo XX es la creación y consolidación de sistemas públicos de Seguridad Social. Ya entrado el siglo XXI, la sociedad española es consciente de la necesidad de preservar este patrimonio como mejor garantía del progreso y la cohesión social. Tal es precisamente el motivo de la aprobación de la Ley de Medidas de Seguridad Social.

Esta ley contiene una reforma global del sistema de Seguridad Social que persigue mejorar el nivel de protección y asegurar su viabilidad, incrementando la capacidad de encarar el futuro con tranquilidad. La reforma se asienta en tres principios fundamentales: consenso, responsabilidad y solidaridad.

l Al igual que el resto de medidas de política social adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de la legislatura, ésta es una reforma fruto del consenso. Los objetivos perseguidos por la ley son compartidos por agentes sociales y partidos políticos. De un lado, el germen de la nueva norma es un acuerdo suscrito por el Gobierno con sindicatos y patronal en julio de 2006, como resultado del proceso de diálogo social. Y, de otro, la reforma ha recibido un fuerte respaldo en su tramitación parlamentaria, algo que no debe extrañar al tratarse de medidas que siguen las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Que la reforma haya sido consensuada supone algo tan importante como que todos (partidos políticos y agentes sociales, y por extensión los ciudadanos) podamos sentirnos partícipes de ella; éste es el modelo de Seguridad Social que quiere la sociedad española.

El segundo principio que inspira la reforma es el de responsabilidad. Todas las medidas son fieles a un objetivo: garantizar la sostenibilidad futura de la Seguridad Social. En verdad, la salud financiera del sistema es hoy excelente, como acreditan el superávit de los últimos años y los 52.000 millones de euros que en 2008 alcanzará el Fondo de Reserva. Pero todos debemos ser conscientes de que estos datos no nos hacen inmunes a los desafíos futuros, algunos tan previsibles como el envejecimiento de la población.

Por ello, una parte de las medidas pretende corregir las disfunciones que actualmente afectan al sistema, así como adaptar la protección a la nueva realidad social. Así sucede con la modificación del régimen de la jubilación parcial, con la mejora de la coordinación entre entidades gestoras y los servicios de salud en la gestión de la incapacidad temporal, con la nueva fórmula de cálculo del complemento de gran invalidez o con la redistribución de la pensión de viudedad en el supuesto de concurrencia de beneficiarios.

Lo importante es que estos ajustes, marcados por un sentido de responsabilidad, permiten reforzar la buena salud de la Seguridad Social, algo que repercute positivamente en la capacidad de anticipación para evitar dificultades futuras.

l Por último, la reforma está presidida, sobre todo, por el principio de solidaridad. Siempre de forma responsable y equilibrada, la nueva ley mejora los derechos de protección social de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos. Así, entre las medidas más destacadas, el aumento de los incentivos para trabajar más allá de los 65 años, como la subida de la pensión en un 15% por la jubilación a los 70 años; un incremento de hasta 63 euros de la pensión de quienes se jubilaron anticipadamente antes de 2002; la extensión de la pensión de viudedad a las parejas de hecho y la creación de una prestación temporal sustitutiva para supuestos hasta ahora no protegidos; una subida de la base de cotización de los parados mayores de 52 años; la posibilidad de disfrute íntegro de la prestación por desempleo tras la incapacidad temporal, o la reducción del periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de incapacidad permanente en el caso de los menores de 31 años.

Un Gobierno responsable trata de estimular el compromiso, el orgullo y la identificación de los ciudadanos con sus instituciones; de este modo se fortalece la democracia. La defensa del sistema público de Seguridad Social como pilar esencial de nuestro Estado social avanza en esa dirección y nos convierte en una sociedad más cohesionada y justa, de ahí la importancia de la nueva ley.

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

No es exagerado afirmar que una de las conquistas sociales más importantes del siglo XX es la creación y consolidación de sistemas públicos de Seguridad Social. Ya entrado el siglo XXI, la sociedad española es consciente de la necesidad de preservar este patrimonio como mejor garantía del progreso y la cohesión social. Tal es precisamente el motivo de la aprobación de la Ley de Medidas de Seguridad Social.

Esta ley contiene una reforma global del sistema de Seguridad Social que persigue mejorar el nivel de protección y asegurar su viabilidad, incrementando la capacidad de encarar el futuro con tranquilidad. La reforma se asienta en tres principios fundamentales: consenso, responsabilidad y solidaridad.

l Al igual que el resto de medidas de política social adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de la legislatura, ésta es una reforma fruto del consenso. Los objetivos perseguidos por la ley son compartidos por agentes sociales y partidos políticos. De un lado, el germen de la nueva norma es un acuerdo suscrito por el Gobierno con sindicatos y patronal en julio de 2006, como resultado del proceso de diálogo social. Y, de otro, la reforma ha recibido un fuerte respaldo en su tramitación parlamentaria, algo que no debe extrañar al tratarse de medidas que siguen las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Que la reforma haya sido consensuada supone algo tan importante como que todos (partidos políticos y agentes sociales, y por extensión los ciudadanos) podamos sentirnos partícipes de ella; éste es el modelo de Seguridad Social que quiere la sociedad española.

El segundo principio que inspira la reforma es el de responsabilidad. Todas las medidas son fieles a un objetivo: garantizar la sostenibilidad futura de la Seguridad Social. En verdad, la salud financiera del sistema es hoy excelente, como acreditan el superávit de los últimos años y los 52.000 millones de euros que en 2008 alcanzará el Fondo de Reserva. Pero todos debemos ser conscientes de que estos datos no nos hacen inmunes a los desafíos futuros, algunos tan previsibles como el envejecimiento de la población.

Por ello, una parte de las medidas pretende corregir las disfunciones que actualmente afectan al sistema, así como adaptar la protección a la nueva realidad social. Así sucede con la modificación del régimen de la jubilación parcial, con la mejora de la coordinación entre entidades gestoras y los servicios de salud en la gestión de la incapacidad temporal, con la nueva fórmula de cálculo del complemento de gran invalidez o con la redistribución de la pensión de viudedad en el supuesto de concurrencia de beneficiarios.

Lo importante es que estos ajustes, marcados por un sentido de responsabilidad, permiten reforzar la buena salud de la Seguridad Social, algo que repercute positivamente en la capacidad de anticipación para evitar dificultades futuras.

l Por último, la reforma está presidida, sobre todo, por el principio de solidaridad. Siempre de forma responsable y equilibrada, la nueva ley mejora los derechos de protección social de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos. Así, entre las medidas más destacadas, el aumento de los incentivos para trabajar más allá de los 65 años, como la subida de la pensión en un 15% por la jubilación a los 70 años; un incremento de hasta 63 euros de la pensión de quienes se jubilaron anticipadamente antes de 2002; la extensión de la pensión de viudedad a las parejas de hecho y la creación de una prestación temporal sustitutiva para supuestos hasta ahora no protegidos; una subida de la base de cotización de los parados mayores de 52 años; la posibilidad de disfrute íntegro de la prestación por desempleo tras la incapacidad temporal, o la reducción del periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de incapacidad permanente en el caso de los menores de 31 años.

Un Gobierno responsable trata de estimular el compromiso, el orgullo y la identificación de los ciudadanos con sus instituciones; de este modo se fortalece la democracia. La defensa del sistema público de Seguridad Social como pilar esencial de nuestro Estado social avanza en esa dirección y nos convierte en una sociedad más cohesionada y justa, de ahí la importancia de la nueva ley.

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

Vinieron después los libros de aventuras. Cuando aún no se ha llegado a la adolescencia, cuando aún no nos han amaestrado y no nos han inyectado en el cerebro la suficiente cantidad de resignación, nos asombra dolorosamente la monotonía de la existencia. ¿Cómo es posible -se pregunta el niño-, haber pasado ocho años padeciendo esta sórdida repitición cotidiana?. Los libros de aventuras, con su mentira piadosa, le abren las puertas de la esperanza.

Los libros escondidos. Los libros secretos. Hay que tenerlos debajo de los libros de texto. Leerlos cuando no nos ven nuestros mayores o los profesores, en el colegio. Son libros de aventuras, novelas folletinescas, policiacas. Y muy pocos anos después -no años, meses-, novelas pornográficas. Qué inefable placer me proporcionan esas lecturas. Aldous Huxley dijo: "una orgía real nunca excita tanto como un libro pornográfico". Y con esto no intento sugerir a nadie que abandone las orgías.

Pero también el libro tiene enemigos entre los de su propia especie. En mi caso personal, fueron los libros de texto del bachillerato. Qué repulsión, qué aversión me inspiraron. Odio al libro, odio a la lectura, odio al conocimiento. Por fortuna, había en Madrid muchísimos puestecillos callejeros en los que vendían a mitad de precio noveluchas de segunda mano, o de tercera o cuarta, sobadas y requetesobadas, noveluchas de aventuras, policiacas y también verdes. Aquellos puestecillos hicieron que se conservara vivo mi amor al libro, que los catedráticos escritores habrían conseguido asesinar. En la guerra de libros -como no puede ocurrir en las guerras de verdad-, ganaron los pobres.

Aparecieron después los que algunos consideran enemigos del libro: el cine, la radio, la televisión... son, es cierto, otros medios de difusión de la poesía, y también de la música y de las artes plásticas. Pero, aunque enemigos en cierto aspecto, es dificil que derroten al libro, ni creo que pongan en ello interés, El libro les lleva la ventaja de la corporeidad, de la cercanía. El libro lo tengo, lo poseo, puedo incluso darle achares, no mirarlo, no leerlo y, sin embargo, conservarlo. No es efímero. Puedo también tenerlo en las manos, acariciarle el lomo como a un perro amigo, hojearlo, sobarlo, puedo besar algunos de sus renglones si me han conmovido. Tanto si es un libro lujoso, encuadernado en suave piel, como si es un libro popular, de los que se doblan y se pliegan sumisos para ser leidos en la cama, con los que uno puede acostarse sin muchas dificultades ( ... )

Echo una mirada a la biblioteca. Cuántos libros en ella que ha devorado el olvido. Y cuántos que ya no podré leer. Quiero decirles a esos libros que no leeré nunca, que no se sientan despreciados. Sí sé que no los leeré es porque estoy en esa edad en la que al tiempo se le ve volar como a un gorrión asustado, en la que se nos escapa como agua en un cesto, en la que huye como algunos queridos recuerdos. Pero al decir adiós, que un libro me abra sus brazos y repose sobre mi pecho.

De acuerdo con los datos de diversos registros de la propiedad, a los que ha tenido acceso Público, Paredes y su pareja son dueños de un chalé en una urbanización de lujo de Madrid, una vivienda en uno de los barrios más caros de la capital, un piso en la sierra madrileña, una vivienda unifamiliar adosada en Manilva (Málaga) y dos apartamentos en Denia (Alicante). El valor de mercado de estos bienes supera actualmente los dos millones de euros.

Liberados sindicales

María Jesús Paredes es secretaria general de Comfia, la federación de servicios financieros y administrativos de CCOO. Ocupa este cargo desde el año 1987. Su pareja, Francisco Baquero, también es miembro de la Ejecutiva de Comfia. Ambos son empleados del BSCH, aunque llevan décadas trabajando como liberados sindicales. Es decir, su sueldo lo paga el banco y ellos trabajan en Comisiones.

De acuerdo con información interna del BSCH, Paredes y Baquero tienen categoría de administrativos de nivel 8 y una antigüedad superior a los 30 años. Según el convenio colectivo del banco, un empleado en dicha situación debería cobrar de sueldo alrededor de 35.000 euros brutos al año.

Fuentes de Comisiones Obreras explicaron a este diario que el sindicato también paga una dieta mensual a algunos de sus cargos ejecutivos, que como media se sitúa en los 600 euros. Como secretaria general de Comfia, Paredes debería cobrar dicha cantidad.

Inversores inmobiliarios

La mayor parte de las compras de la pareja se produjeron en un periodo reducido de tiempo: entre el 16 de diciembre de 1999 y el 28 de julio de 2005. En esos cinco años y medio, Baquero y Noriega adquirieron la vivienda de Manilva, un piso en el centro de Madrid, otro en la sierra madrileña y los dos apartamentos en Denia. Además, en diciembre de 2004, suscribieron una hipoteca garantizada con el chalé  que tienen en una lujosa urbanización de Pozuelo de alarcón (Madrid).

Como resultado de todas estas operaciones, en el verano de 2005, Paredes y Baquero tenían vivos tres préstamos hipotecarios por un importe que superaba los 600.000 euros. Según los datos de los registros de propiedad, las tres hipotecas siguen vigentes en la actualidad.
Este diario intentó, sin éxito, conocer la versión de la pareja sobre el origen de su Patrimonio. 

María Jesús Paredes anunció el pasado lunes su intención de dimitir como secretaria general de Comfia a finales del próximo mes de diciembre, un año antes de que finalice su mandato.

La creencia de que las elecciones generales en España son decididas por los votantes centristas es incorrecta. La evidencia empírica muestra que estos votantes, definidos como aquéllos cuyo voto oscila entre el PSOE y el PP, tienen escasa relevancia. Los votos decisivos son los de la izquierda volátil, aquellos que oscilan entre el PSOE, IU y la abstención. Esto equivale a decir -y sé que la equivalencia no es obvia- que en las elecciones generales el PP siempre juega en campo contrario: las puede ganar, pero lo tiene a priori cuesta arriba. En este artículo me propongo mostrar que estas afirmaciones y equivalencias están respaldadas por los datos electorales y, también, extraer algunas consecuencias que me parecen interesantes.

Con una única excepción: en el último cuarto de siglo, España ha votado mayoritariamente izquierda. Desde 1982 ha habido siete elecciones generales. En seis de ellas la izquierda (PSOE, IU y sus antecesores) obtuvo entre un mínimo de 2,3 y un máximo de 3,5 millones de votos más que la derecha (PP, aliados regionales y sus antecesores). Sólo en las elecciones de 2000, que tuvieron la tasa de participación más baja de la actual etapa democrática (69%), la derecha superó en votos a la izquierda: la diferencia fue de 1 millón de votos. En 2000 la izquierda perdió 2,7 millones de votos respecto a 1996, de los cuales 2 millones fueron a incrementar la abstención. Esos 2,7 millones de votos los volvió a ganar en 2004. La derecha ganó 0,6 millones de votos, alcanzando su máximo histórico de 10,3 millones, pero los volvió a perder en 2004. Me parece razonable utilizar estas cifras para cuantificar los colectivos que antes he denominado votantes centristas e izquierda volátil. Los primeros pueden estimarse en 0,6 millones, que son los votos que ganó la derecha en 2000 tras una etapa de gobierno en minoría del PP en la que hizo gala de moderación y de buena administración. Esta cifra coincide con los votos perdidos en 2004 tras una etapa de mayoría absoluta en la que la arrogancia sustituyó a la moderación y en la que se tomaron decisiones, como la guerra de Irak, alejadas del sentir de muchos ciudadanos. Cabe señalar que esos 0,6 millones de votos no decidieron las elecciones de 2000: el PP hubiese seguido gobernando aunque no los hubiese obtenido. Lo decisivo fue el desplome de la izquierda por la huida del voto volátil. Esta izquierda volátil puede estimarse en unos 2 millones de electores: los que votaron a la izquierda en 1996, se abstuvieron en 2000 y volvieron a votarla en 2004.

Las elecciones locales de mayo de 2007 ilustran bien que el voto de la izquierda volátil es decisivo en España no sólo en las elecciones generales, sino también en elecciones de otro tipo. En el conjunto de España, y relativo a las elecciones locales de 2003, el PSOE perdió 240.000 votos, pero el PP sólo ganó 38.000. La aplastante victoria del PP en el municipio de Madrid resultó de una pérdida de 139.000 votos para el PSOE y de una ganancia de tan sólo 709 (sí, setecientos nueve) para el PP. La izquierda volátil volvió a decidir, esta vez a nivel local. No hay trazos de un trasvase significativo de votos del PSOE al PP. Además, el carácter decisorio del voto de la izquierda volátil no es un rasgo exclusivo de la actual etapa democrática. En las elecciones de 1933, la izquierda volátil -entonces el anarquismo- se abstuvo. Y ganó la derecha. En 1936, los anarquistas fueron a las urnas y los votos se incrementaron en más de 1 millón. Ganó la izquierda. No tengo ni conozco ninguna explicación convincente de por qué en España la izquierda volátil tiene este carácter decisorio, que no ha menguado ni tan siquiera con la aparición de una numerosa clase media en la segunda mitad del siglo XX. Sea cual sea la explicación, en esto los españoles somos atípicos. En la mayoría de los países de nuestro entorno la alternancia en el poder la deciden los votantes de centro, que votan ora a la izquierda ora a la derecha. Aquí, por algún motivo, somos diferentes.

Paso ahora a desarrollar el tercer punto de mi argumentación. Si bien, según mis definiciones, derecha y PP son casi sinónimos, izquierda y PSOE no lo son. En 1996 la izquierda obtuvo 12,06 millones de votos y la derecha 9,76 millones. En 2004 se repitieron las cifras: la izquierda obtuvo 12,06 millones de votos y la derecha 9,72 millones. En el primer caso ganó las elecciones el PP y en el segundo el PSOE. La diferencia la marcó el resultado de IU, que obtuvo un 11% de los votos totales en 1996, su máximo histórico, tras la memorable pinza Aznar-Anguita, y solamente un 4% del total en 2004. Un análisis estadístico de los datos electorales utilizando modelos sencillos de regresión, que cualquiera puede replicar descargando los datos del Ministerio del Interior en una hoja de cálculo, ofrece los siguientes resultados:

1. Existe una relación estadística muy significativa entre el porcentaje de votos totales válidos que obtiene el PSOE, por una parte, y el porcentaje de participación en las elecciones y el porcentaje de voto a IU, por la otra parte; un aumento de la participación electoral de un 1% causa un aumento del porcentaje de voto al PSOE del 0,6%, mientras que un aumento del porcentaje de voto a IU del 1% causa una disminución del porcentaje del voto al PSOE del 1%.

2. No existe ninguna relación estadística significativa entre el porcentaje de votos totales válidos que obtiene el PP y el porcentaje de participación en las elecciones. En román paladino, estos resultados quieren decir lo siguiente: con una participación lo suficientemente alta y con un voto a IU lo suficientemente bajo, el PSOE siempre ganará unas elecciones generales, haga lo que haga el PP. Esta "ley de hierro" fundamenta las afirmaciones y la equivalencia enunciadas en el primer párrafo de este artículo.

Con los parámetros mencionados en el párrafo anterior se puede construir una tabla de doble entrada para estimar el porcentaje del voto total al PSOE en función de la participación electoral y del porcentaje de voto a IU. Esta tabla, que, insisto, todo el mundo puede construirse, muestra que es improbable que el PSOE gane las elecciones de 2008 si el voto a IU se mantiene en el 4% y la participación cae por debajo del 71% (en 2004 fue el 76%). Si el voto a IU subiese al 6%, el PSOE necesitaría una participación del 74% o superior para ganar. Si bien una participación superior al 71% parece probable, una participación del 74% (coincidente con la media histórica) parece más difícil de conseguir. Este mismo tipo de tabla puede utilizarse para evaluar los efectos que tendría un gran aumento de la abstención en Cataluña, como resultado de la sensación de desgobierno que podrían tener los votantes de esa comunidad. Si la participación catalana cayese hasta el 64%, el mínimo histórico alcanzado en 2000, el PSC podría perder 3 o 4 escaños y entonces el PSOE necesitaría una participación mínima del 73% en el resto de España para seguir gobernando, algo que me parece complicado pero no imposible. No pueden descartarse participaciones inferiores al 64% en Cataluña. En este caso, el PSOE lo tendría muy difícil para ganar en 2008.

Para concluir, quiero recalcar que la metodología agregada y "de arriba abajo" usada en este artículo ignora aspectos tan importantes del proceso electoral como la Ley d'Hondt o la incorporación al censo de nuevas cohortes. Sin embargo, considero que es la mejor para obtener una visión de conjunto de la problemática electoral, que muchas veces se pierde en el análisis desagregado por circunscripciones. La izquierda volátil es un conjunto heterogéneo con pocos denominadores comunes, todos ellos negativos. Es común su rechazo frontal al PP y a todo lo que representa la derecha. Es común también su desdén hacia el PSOE, al que votan tapándose la nariz cuando le votan. Por lo razonado hasta aquí, el objetivo principal de una campaña electoral, de cualquier campaña electoral, en España debe ser para el PP que no vayan a votar los que le detestan y para el PSOE que acudan a las urnas los que le desprecian. ¿Son consistentes sus estrategias electorales con estos principios?