Han transcurrido casi 5 años desde que el Congreso de los Diputados condenó el golpe militar que, en 1936, determinó la guerra civil y la posterior implantación de la Dictadura.
Han pasado 3 años desde que el Congreso instó al Gobierno a constituir la Comisión interministerial sobre las victimas de aquella guerra y de la represión franquista.
También han pasado 3 años desde que el Gobierno decidió estudiar "la situación delos que, como consecuencia de su compromiso democrático, padecieron actuaciones represivas durante la guerra civil y el franquismo y hasta la restauración de las libertades democráticas".
Ha transcurrido otro año desde que el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de lo que ya no se denomina, como antes lo había hecho, "para la recuperación de la memoria histórica".
El Proyecto, manifiestamente insuficiente, continúa sin tramitarse cuando está a punto de agotarse la legislatura.
Nuestro Estado social y democrático de Derecho, la sociedad democrática, las asociaciones cívicas y, sobre todo, las victimas "que padecieron la represión de la dictadura franquista" ya no pueden esperar más.
El Gobierno y los Grupos Parlamentarios deben saber que si durante los proximos meses el Proyecto, profundamente reformado, no se aprueba, no habrán querido, como dice el Preámbulo, "cerrar heridas todavia abiertas entre los españoles".
La aprobación de la Ley es la condición para superar definitivamente situaciones discriminatorias que aún sufren quienes "habiéndose esforzado para conseguir un régimen democrático" fueron injustamente perseguidos y sancionados, incluso hasta perder la vida.
El Gobierno y las fuerzas políticas saben que no serán reparados y rehabilitados hasta que no se adopten las "medidas legales" anunciadas en 2004. Mientras tanto, no podrán ser considerados ciudadanos de pleno derecho.
Por todo ello, reclamamos del Gobierno y de todos los Grupos Parlamentarios la tramitación y aprobación de la Ley siempre que se ajuste a las siguientes minimas exigencias:
1.- Coincidiendo con los acuerdos adoptados por el Consejo de Europa y la posición mayoritaria del Parlamento Europeo, la condena formal de la dictadura franquista, como régimen impuesto por la fuerza de las armas contra la voluntad popular, caracterizado por la sistemática y generalizada violación de los derechos humanos.
2.- Declarar pública y solemnemente que todo el aparato represivo del franquismo -Consejos de Guerra y Tribunales Especiales- y su actuación, por motivos ideologicos o politicos, estuvo viciada de raiz por su ilegitimidad de origen y por la carencia de todas las garantías y derechos propios de un juicio justo, ilegitimidad e ilegalidad extensible a todas sus resoluciones y sentencias.
3.- La declaración anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales individuales, debe fundamentar que el Ministerio de Justicia y el Fiscal General del Estado, conforme al ordenamiento vigente, impulsen y planteen ante el Tribunal Supremo los recursos pertinentes para obtener la declaración de nulidad de pleno derecho de dichas sentencias.
4.- Que el Gobierno y las Administraciones Públicas asuman activamente como políticas públicas la preservación de la Memoria Democrática, especialmente la localización de los represaliados desaparecidos, la conservación, ordenación y accesibilidad de los archivos históricos y la desaparición e simbología franquista de las vias y edificios públicos.
Ya no caben más dilaciones. Solo el cumplimiento de estas minimas exigencias será el signo de que el Gobierno y los partidos con representación parlamentaria tienen una auténtica voluntad de responder a los compromisos contraídos y reparar la deuda histórica de la democracia con quienes con más esfuerzo y con más sacrificio contribuyeron a restaurarla.
